Además se condenó al Estado por ser responsable de la excesiva demora en investigar las torturas que afectaron a cuatro de los militares.
En tanto, la Corte Suprema confirmó el procesamiento del ex alcalde Labbé por caso Tejas Verdes.
La Corte consideró que Chile violó el derecho de protección judicial de 12 integrantes de la FACh.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno por "violación al derecho de protección judicial", al no haber anulado las sentencias que se dictaron bajo torturas en contra de 12 uniformados de la FACh, que fueron opositores a la dictadura militar.
Esto, en relación a los consejos de guerra que se realizaron entre 1973 y 1974, donde también estuvo detenido el fallecido general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, entre otros.
Además, se condenó al Estado por ser responsable de la excesiva demora en investigar las torturas que afectaron a cuatro de los militares.
El representante de las víctimas, Branislav Marelic, destacó la importancia de este fallo, tras 12 años de presentar la primera denuncia en tribunales internacionales.
"Esta denuncia pone fin a más de 40 años de espera de justicia para las 12 víctimas de este caso y sus familiares, porque viene a decir que el Estado de Chile condenó a personas injustamente por no plegarse al golpe militar y sustentó estas condenas en un foro totalmente ridículo, en un consejo de guerra totalmente arreglado, sustentando esto en pruebas obtenidas bajo tortura", dijo el abogado.
Tejas Verdes: Ratifican procesamiento de Labbé
En tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el procesamiento del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, como presunto autor del delito de asociación ilícita.
Su abogado, Cristián Espejo, había presentado un amparo para revocar la medida, pues, a su juicio, no habría mérito o antecedentes que la justifiquen.
No obstante, en el análisis de la causa –que primero fue vista por la Corte de Apelaciones-, la ministra en visita Marianela Cifuentes envió un informe al tribunal en el cual argumentó las razones por las que sometió a proceso al ex jefe comunal de la UDI, afirmando que "resultó justificado el delito de asociación ilícita, cometido a partir del día 11 de septiembre de 1973".
A este respecto, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, manifestó que "éste es un hecho que se está conociendo y cualquier imputación que se le haga a cualquier persona se tiene que sustanciar ante los tribunales de justicia y veremos qué dicen y por cierto hay que dejar que las instituciones operen".
