El hijo de uno de los profesionales degollados en 1985 señaló que existe una "práctica institucionalizada" para evitar que los uniformados aporten datos en causas de derechos humanos.
El sociólogo Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, uno de los profesionales comunistas degollados en 1985, indicó que existe un grupo de militares que está recibiendo amenazas por colaborar con la justicia.
Se trata -dijo- de funcionarios de las Fuerzas Armadas que se han acercado a Tribunales para entregar información que permita dar con el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura y abrir, de este modo, casos de derechos humanos.
"En estos momentos, hay muchos militares muy honrados que están colaborando en los procesos de violaciones a los derechos humanos, entregando información. Sin embargo, se les amenaza", sostuvo.
Guerrero agregó que se trata de una práctica "institucionalizada".
"Da pavor, porque se trata de gente que se está atreviendo, que la conciencia les remuerde y que tienen la oportunidad de liberarse de ese peso, hacer un aporte a la sociedad y, sin embargo, hay otros que por mantener la impunidad lo tratan de impedir", afirmó.
Como ejemplo, citó al agente Otto Trujillo, alias "Colmillo Blanco", quien formó parte del Comando Conjunto, grupo represor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) responsable de la muerte y posterior desaparición de más de 50 opositores.
"El ha señalado en varias oportunidades que los abogados en las causas de derechos humanos que defienden a los militares, los juntan a ellos antes de entrar a declarar ante el juez, les preparan declaraciones, les dicen qué cosas deben decir y cuáles no, los amenazan diciendo 'acuérdense que ustedes no están solos, que tienen familia'".
También comentó que durante el funcionamiento de la Mesa de Diálogo (1999-2001) -instancia convocada por el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para ayudar a determinar el paradero de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar- gente del Comando Conjunto amenazó para que no se entregara información. "Eso es lo más trágico que puede haber, que un intento del Estado chileno de reparación sea alterado para que los hechos queden en la impunidad", indicó.
Guerrero agregó que espera que hechos como estos comiencen a ser denunciados ante los Tribunales de Justicia, para evitar que las amenazas impidan seguir adelante en la búsqueda de verdad. (Cooperativa.cl)
