Parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio solicitaron al Gobierno que se levante el secreto de 50 años que rige sobre el informe Valech, que recoge testimonios de miles de víctimas de la dictadura de Pinochet, insistiendo así en una propuesta que no prosperó en la Convención Constitucional.
Fue en 2003 cuando el entonces Presidente socialista Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo del sacerdote Sergio Valech, a quien debe su nombre. Ésta tenía como objetivo aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de su libertad por motivos políticos durante la dictadura entre 1973 y 1990.
La ley de reparación (19.992) estableció que el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la instancia, se mantendrá por 50 años, por lo que expirará en 2053, período durante el cual esos elementos quedan bajo la custodia del Ministerio del Interior.
Por ello, el levantamiento de la reserva fue planteado el lunes por la senadora comunista Claudia Pascual a la ministra del Interior, Izkia Siches, según El Mercurio.
Desde la bancada del PC secundó la petición la diputada Lorena Pizarro, histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que "la deuda que existe por parte del Estado de Chile a partir del año 1990 para que la impunidad no fuese una realidad, sino por el contrario, las garantías de no repetición fuesen una parte sólida de nuestra convivencia nacional, tuvo como uno de sus grandes hitos la instalación de este secreto de los nombres por 50 años del genocidio partícipes del terrorismo de lo que fue el informe de la comisión sobre prisión política y tortura".
QUE SE LEVANTE EN EL ANIVERSARIO 50 DEL GOLPE
La idea propuesta a la ministra Siches y a su par de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, es que el secreto se pueda levantar el próximo año, el 2023, en el aniversario 50 del golpe de Estado, y dar a conocer los nombres de los torturadores.
"Estoy de acuerdo en levantar el secreto porque es indispensable para la reconciliación nacional aclarar los hechos y los responsables, las heridas no se sanan sino limpiándolas", opinó la diputada Mercedes Bulnes (independiente en cupo de Convergencia Social). A juicio de la también abogada de DD.HH., "las heridas sociales se limpian con la verdad, pero seguimos con las heridas infectadas, esperando verdad y justicia. Los horrores no se pueden ocultar bajo la alfombra".
Desde el Partido Socialista, el diputado Jaime Naranjo comentó que, "cuando las personas declararon, lo hicieron sabiendo que era secreto, por tanto, se tiene que preguntar a cada uno de los que declararon si autorizan levantar el secreto, porque puede suceder que más de alguno haya declarado cosas que a lo mejor su círculo más cercano ignora".
"Hay que respetar esa privacidad, solo autorizando que se pueda levantar ese secreto", enfatizó en el matutino.
Los parlamentarios del bloque oficialista volvieron a poner en el debate un planteamiento que se abordó recientemente en la ya disuelta Convención Constitucional, donde no prosperó una propuesta de norma transitoria de constituyentes independientes y del PC que buscaba que, previa autorización de las víctimas, exclusivamente los tribunales de justicia y auxiliares de justicia accedan a la información contenida en la instancia con el fin de esclarecer casos pendientes de crímenes de lesa humanidad.
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