Iniciativa, que contempla inmunidad sólo para ex reclutas que obedecieron órdenes a riesgo de perder la vida, será discutida este miércoles con el resto de los partidos de la Concertación.
Tras una intensa jornada de consultas, el Gobierno y el Partido Socialista (PS) acordaron la noche del martes una fórmula para aprobar en el Parlamento el proyecto de derechos humanos que establece incentivos para la entrega de información que acelere los procesos judiciales. El pacto estipula que la inmunidad estará reservada para los conscriptos que obedecieron órdenes a riesgo de perder la vida y que el resto sólo podrá acogerse a rebajas de condenas que estimen convenientes los jueces.
El acuerdo se logró en una reunión realizada en la sede del Congreso que contó con la directiva del PS, sus parlamentarios y el ministro que obedecieron órdenes a riesgo de perder la vida.
del Interior, José Miguel Insulza.
El compromiso con el Ejecutivo fue anunciado por el presidente del PS, Gonzalo Martner. "Hemos llegado a un acuerdo. Naturalmente nos compromete nuestra pertenencia a la Concertación. Ese acuerdo lo vamos a conversar en el día de mañana (hoy miércoles) con los representantes de los partidos de nuestra coalición, con sus bancadas, para ver si están de acuerdos y sus detalles, fruto de esas conversaciones, los daremos a conocer pasado mañana (jueves)", dijo Martner.
La iniciativa fue concordada la mañana del martes durante una reunión que sostuvieron el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y la abogada del Partido Socialista (PS) Pamela Pereira. En la cita quedó claro que la figura de la inmunidad no sería incluida en el texto, y que éste contemplaría que la rebaja de penas quedaría a criterio de los jueces y que la única causal eximente de culpa se aplicaría a quienes realizaban el servicio militar y
La propuesta será discutida por los timoneles de los partidos de la Concertación y por las bancadas este miércoles para acordar una sola postura que permita sacar adelante la ley antes del próximo 21 de mayo.
La presidenta de la comisión de DD.HH., Laura Soto (PPD), consideró que la propuesta es satisfactoria ya que sólo faculta a los jueces a rebajar penas y no los obliga a eximir de responsabilidad.
"Nosotros especialmente queríamos que esto fuera facultativo, que no estuviera en la ley, que no dijera en la ley serán favorecidos. Eso nos parecía imperativo y que lo que estabamos dando era una señal que podía ser equivocadamente tomada por los tribunales", señaló la diputada.
De fructificar el acuerdo, la iniciativa deberá ser despachada por la comisión de DD.HH. hacia la sala de la Cámara Baja donde probablemente se vote en dos semanas.
