"No puede solamente ser el carabinero quien pague", afirmó la parlamentaria, cegada por el impacto de una bomba lacrimógena en noviembre de 2019.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que desde el Ejecutivo no cuestionarán las acciones de las víctimas en materia de exigir la protección y resguardo de sus derechos.
La senadora independiente Fabiola Campillai, cegada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un carabinero durante el estallido social, presentó este jueves una demanda contra el Estado por 2.000 millones de pesos.
La parlamentaria, quien asumió su cargo en marzo, perdió violentamente la vista en noviembre de 2019, en plenas revueltas, cuando se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo, en la periferia de la capital.
Campillai, quien también perdió los sentidos del gusto y el olfato durante el ataque, es una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó para sofocar las protestas y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.
"No puede solamente ser el carabinero quien pague, porque él solamente va a tener años de prisión, los cuales se pueden acortar, porque usted sabe que aquí hay beneficios para cualquiera, incluso para los violadores de los derechos humanos", explicó la senadora a Cooperativa.
"El Estado, por ser el empleador, porque ellos son agentes del Estado, tiene que, de alguna manera, indemnizar por lo que Carabineros causó", agregó.
Campillai también argumentó que una de las razones para realizar esta demanda es la proyección de su futuro después de dejar el Senado, a raíz de las secuelas físicas que le impedirán desempeñarse en otro tipo de labores.
Por el ataque a Campillai está acusado el ex capitán Patricio Maturana, quien fue desvinculado de Carabineros y se encuentra en arresto domiciliario.
La Fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves/gravísimas para Maturana.
Consultada por esta demanda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que desde el Ejecutivo no cuestionarán las acciones de las víctimas en materia de exigir la protección y resguardo de sus propios derechos.
"Está la reparación que es integral y que no es solamente la monetaria, sino que son reparaciones psicológicas, médicas, etc, esos son los estándares internacionales. Por lo tanto, la verdad es que nuestro Gobierno jamás va a cuestionar todas las iniciativas y ni menos las acciones que provengan de las propias víctimas en materia de exigir la protección y resguardo de sus propios derechos", destacó la secretaria de Estado.
A esta acción también reaccionó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el socialista Gastón Saavedra, quien calificó como justa la demanda de su par independiente y de otros afectados que decidan tomar la misma medida.
"Esto se veía venir. Es parte de los derechos que tienen los ciudadanos cuando ven que son conculcados sus derechos y cuando además sufren de la violencia por parte de agentes del Estado", puntualizó el parlamentario.
En esta línea, dio cuenta que a estas víctimas "les cabe esta posibilidad por las situaciones que les toca vivir a posterior". En este caso específico de Campillai, "perdió la vista y queda discapacitada para todos los días de su vida, entonces su condición de vida ha cambiado".
La acción judicial también hizo eco en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja: "Está en todo su derecho de hacer una demanda al Estado por lo que le tocó vivir, por las consecuencias que le quedarán de por vida. Son cosas que como sociedad no se deberían permitir, y ojalá no vuelvan a repetirse", manifestó la integrante de la instancia Ximena Ossandón (RN).
En tanto, su par de Evópoli Jorge Guzmán coincidió en que "es legítimo que cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos recurra a los tribunales de justicia, y que sean ellos los que se pronuncien respecto de si existe tal afectación, y también cuál es el monto de una eventual indemnización".
