José Manuel Edwards (RN) criticó el proceso de licitación de la campaña.
Senadores de la Alianza ingresaron requerimiento en contra de norma que quiere evitar entrega de resultados Simce.
El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, señaló que pedirá informes al Ejecutivo ante el requerimiento de los diputados de la Alianza que cuestionaron la legalidad del uso de recursos del Gobierno para difundir el proyecto de ley de reforma educacional a través de un video y el cómic "Sofía aprende con todos".
La autoridad informó que las dudas de los parlamentarios apuntan al principio de probidad y afirmó que el organismo que dirige tiene "una larga experiencia en materia de revisión de gasto público y estas son las zonas complejas. De hecho, el cómic hace mención a la ley, en lo que dice relación a que se publica de acuerdo al artículo 3° de una determinada ley que autoriza ese gasto".
"Lo que hay es una duda de interpretación de los parlamentarios y que es la que nosotros tendremos que despejar previo informe que le requeriremos a las autoridades tales como el Ministerio de Educación y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio Secretaría General de Gobierno", añadió el contralor.
Mendoza confirmó que solicitarán al Ejecutivo informes como cuándo se hizo el video y el cómic, los contratos de dichos soportes y otros antecedentes.
Parlamentarios se reunieron con Contralor
Parlamentarios de la Alianza se reunieron con el contralor Mendoza, para conocer su opinión ante la campaña presentada por el Gobierno sobre la reforma educacional, encabezada por el cómic "Sofía aprende con todos".
En la cita, que se extendió por más de 40 minutos, participaron María José Hoffmann y Jaime Bellolio (UDI), José Manuel Edwards (RN) y Felipe Kast (Evópoli).
Tras la reunión, Edwards explicó que "la primera licitación para hacer el spot publicitario, en la descripción general del proyecto, decía lo siguiente: 'Desde el año 2006, el movimiento estudiantil, junto con otros movimientos sociales ha venido posicionando en el debate público la consigna por el derecho a una educación pública gratuita y de calidad. El año 2013, el comando de Michelle Bachelet escuchó estas demandas y las plasmó en el programa de Gobierno'".
"¿Es éste el derecho de informar que pretende el Gobierno? Estas fueron las primeras bases de licitación para hacer el spot publicitario, ¿Está informando o nos está contando lo que opinaba la candidata en 2013 y por qué hizo su programa de Gobierno?", preguntó el dipitado.
"En el caso del proyecto de ley de reforma educacional, la tira cómica no está entregando ninguna información para que los padres puedan obtener un beneficio y, por lo tanto, nos parece que hay un uso indebido de recursos", añadió el representante de Renovación Nacional.
A su vez, la diputada Hoffmann afirmó que "los problemas de la educación pública no se solucionan con un video y, en segundo lugar, me parece un atentado contra las familias un panfleto. No se puede llevar la discusión que estamos teniendo en el Congreso a los niños, pasando a llevar el derecho de los padres. Nos parece preocupante y un exceso de ideologización".
Simce
Mientras tanto, los senadores Andrés Allamand (RN), Ena von Baer y Hernan Larraín (UDI) ingresaron oficialmente un requerimiento para declarar la ilegalidad de la indicación que busca evitar que se entreguen los resultados del Simce por colegio.
Larraín explicó que "no podemos lamentablemente acudir al Tribunal Constitucional considerando que el plazo para presentar este requerimiento es dentro de los cinco días hábiles que quedan, plazo que se puede cumplir pero no después de presentado por el Gobierno. No hemos tenido tiempo para presentar el recurso, en consecuencia estamos en una suerte de introspección".
"Estamos en una suerte de indefensión si es que el contralor no acoge este planteamiento, si el Gobierno no quiere enviar un veto para corregir esta situación, si el contralor rechazara este planteamiento y no pudiendo presentar ante el Tribunal (Constitucional) el recurso correspondiente", añadió Larraín.
"La verdad es que quedamos con las manos amarradas sólo a la buena voluntad que ha tenido hasta ahora la subsecretaria de Educación, que dice que no va a aplicar esta glosa y que va a aplicar la ley correspondiente", concluyó.
