La autoridad remarcó que "esto demuestra la urgente reforma que requiere el Tribunal Constitucional en cuanto a sus competencias".
El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, enfatizó en la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional (TC) luego de que el organismo confirmara la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Educación Superior que prohíbe que personas jurídicas, con fines de lucros, sean controladores este tipo de instituciones.
Para Zolezzi, "esto demuestra la urgente reforma que requiere el Tribunal Constitucional en cuanto a sus competencias, pues es inadmisible que un organismo público de este carácter revierta la decisión democrática de los integrantes del Congreso, quienes fueron elegidos por la ciudadanía para legislar".
El rector de la Universidad de Santiago enfatizó que el lucro en la educación "es una práctica que por tantos años hemos intentado erradicar, sin embargo, cuando ya estaba todo consensuado, el Tribunal Constitucional decide lo contrario. Es un retroceso que generará un tremendo daño al país".
Zolezzi criticó que el pronunciamiento del TC surgiera a partir del requerimiento que presentara en enero la Corporación de Universidades Privadas. "Los intereses de unos pocos terminan por imponerse por sobre el bien común, especialmente de aquellos estudiantes y sus familias que aspiran a una educación de la más alta calidad posible", advirtió.
Yasna Provoste: TC permite que se lucre en el sistema educativo
En conversación con Lo Que Queda del Día, la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), comentó que este fallo "tiene un tremendo impacto", porque "ha permitido que puedan lucrar en el sistema educativo, considerando que hoy los recursos en educación son cuantiosos, a partir de la gratuidad".
A juicio de la ex ministra de Educación, la reforma a la educación superior "es un traje perfecto para aquellos que consideran que la educación es un bien de mercado y que, por lo tanto, han lucrado con los recursos públicos en materia educacional. Es bien lamentable, pero es así".
La parlamentaria remarcó que "finalmente con el fallo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es permitir que se lucre en el sistema educativo. Hoy día es meramente declarativo que no pueda haber lucro en la educación, porque no existe una tipificación del lucro como delito".
La senadora Provoste también afirmó que "el Tribunal Constitucional excede una y otra vez sus facultades de control preventivo y actúa cercenando proyectos de ley que han sido aprobados democráticamente por el Senado y por la Cámara de Diputados".
"Lo que hemos visto en los dos últimos fallos del Tribunal Constitucional, tanto en el del Servicio Nacional del Consumidor, como en el de la Ley de Educación Superior es que aquí se ha actuado más ideológicamente que desde la función que tiene cualquier miembro del Tribunal Constitucional", concluyó.
En tanto, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), apuntó que "el Gobierno debe aclarar su posición, qué es lo que piensa al respecto, porque ha habido personas del Gobierno que han estado vinculadas a toda esta decisión, a pesar de que esto es una confrontación inútil y afecta el entendimiento, el diálogo, los acuerdos".
"Es una confrontación inútil, esto genera mucha bronca de todos los que por años han estado cuestionando el lucro y genera una facilidad para el lucro con malos argumentos jurídicos", añadió.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, calificó como "impresentable que se tuerza la voluntad soberana expresada en el Congreso. Es por eso que una vez más planteo la necesidad de una Nueva Constitución".
Subsecretario defendió gratuidad
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, planteó que "quienes pueden ingresar a la gratuidad son las universidades, lo importante es asegurar que las universidades que quieran ingresar a esa política cumplan con cada uno de los requisitos que en ese sentido la ley establece".
"Por lo tanto, en el caso de la Universidad Andrés Bello, que entiendo cumple con la exigencia de acreditación que la ley establece y que está además organizada como una corporación sin fines de lucro, ciertamente que si así lo considera podrá incorporarse a esa política", sostuvo.
