El persecutor de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, ordenó diligencias tras denuncias del administrador de cierre y el liquidador del plantel por varios delitos.
Según las acusaciones, la institución mantiene millonarias deudas con bancos, funcionarios, el SII y la Tesorería General de la República.
El Ministerio Público abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa y ocultamiento de bienes contra la Universidad del Pacífico, cuyo reconocimiento oficial fue revocado en febrero pasado por parte del Consejo Nacional de Educación a raíz de la grave crisis financiera en el plantel.
En abril de este año el administrador de cierre de la institución, Roberto Nahum, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente tras haber recabado información sobre hechos que constituirían los delitos de estafa, apropiación indebida y asociación ilícita; el día 14 de ese mes, el fiscal jefe, Felipe Sepúlveda, ordenó a la PDI indagar las acusaciones y elaborar un informe en un plazo de dos meses.
De acuerdo con La Tercera, en el documento Nahum aseguró que "existen numerosos antecedentes previos plasmados en resoluciones de organismos públicos de que, al menos desde 2014, la universidad funcionaba en el marco de una precaria situación económica", por lo que consideró especialmente grave que haya abierto un proceso de matrícula para el año académico 2018.
Asimismo, apuntó que "los arriendos pagados por la universidad a la fundación de la familia Ortúzar", controladora del cerrado plantel, por los inmuebles ubicados en Las Condes, "resultan ser de una cuantía notoriamente elevada en relación a los parámetros corrientes del mercado y ellos explicarían, en parte, el mal estado financiero de la institución".
Además, denunció "el pago de altísimas remuneraciones a miembros de la familia Ortúzar, las que habrían contemplado en algunos casos indemnizaciones a todo evento por años de servicio".
Agregó que "llama poderosamente la atención en cuanto a razonabilidad y conveniencia" que en 2015 la universidad comprara el edificio en el cual funcionaba la casa de estudios por 9.792 millones de pesos, doblando el precio que pagó siete años antes la Fundación Jiulio Ortúzar; posteriormente, "en 2017, la universaidad nuevamente se desprende del edificio, vendiéndolo en 8.796 millones, mil millones menores que la cantidad pagada dos años antes".
Nahum detalló que las deudas de la U. del Pacífico ascienden a 118 millones de pesos a bancos, 1.700 millones a proveedores, 285 millones en remuneraciones a 159 funcionarios, 200 millones en deudas previsionales, 100 millones en honorarios pendientes y 38 millones a campos clínicos.
En tanto, al SII y a la Tesorería General de la República debe más de 330 millones, mientras que entre 2017 y 2018 registró 12 juicios civiles por 420 millones y 16 juicios laborales por 960 millones.
"Buscaba perjudicar a sus acreedores"
Por su parte, otra denuncia por el presunto ocultamiento de bienes fue interpuesta por el liquidador concursal de la casa de estudios, Carlos Parada, involucrando a la familia Ortúzar.
En el texto se acusa, entre otros hechos, que ante crisis económica, y "previendo posibles acciones de sus acreedores", la universidad "vende el 21 de junio de 2017 del inmueble de Las Condes a la sociedad Estándar SpA por 333 mil UF", lo cual "sólo puede explicarse a raíz de una actitud del deudor tendiente a desprenderse u ocultar bienes, disminuyendo su activo, buscando perjudicar a sus acreedores".
Consultado por el matutino, el presidente del directoria de la desaparecida universidad, Pablo Ortúzar Muñoz, declinó referirse a las informaciones hasta conocer más detalles de las denuncias.
