El rector Teodoro Ribera dijo ver "con preocupación que aún no se establezcan plazos para solucionar la brecha de los aranceles a pagar por el Estado".
La casa de estudios tiene plazo hasta el 20 de julio para confirmar su permanencia -o no- en esta política pública.
Mediante una "carta abierta a estudiantes, académicos y funcionarios", el rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que la política de la gratuidad impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet y consagradada en la reforma a la educación superior "está generando crecientes problemas de sustentabilidad al sistema".
"La Universidad Autónoma de Chile, al igual gue las demás instituciones que se encuentran adscritas a la gratuidad, tiene plazo hasta el próximo 20 de julio de 2018 para confirmar o no su permanencia en esta política pública", recordó Ribera, señalando que el plantel decidió participar de ésta en 2015, pese a estar consciente de que "involucraba una importante disminución de los ingresos, ya que el arancel regulado -lo que el Estado aporta por la educación de un estudiante- es inferior al arancel fijado para cada carrera".
Pasado el tiempo, y "tal como habíamos previsto hace tres años, esta política ya está generando crecientes problemas de sustentabllidad al sistema", lo que "ha traído como consecuencia que algunas universidades hayan comunicado su posible salida", explicó el académico.
"Desde 2016 hasta ahora la Universidad Autónoma de Chile ha podido enfrentar la merma de ingresos per cápita que genera su permanencia en el sistema gracias a que se encontraba saneada en lo económico y contaba con ahorros previos". Sin embargo, "hoy vemos con preocupación el hecho de que aún no se establezcan plazos para solucionar la brecha de los aranceles a pagar por el Estado (...) y los costos reales que tienen las casas de estudio", advierte.
"Naturaleza esencialmente privada"
Si bien en la carta no da mayores luces sobre la decisión que tomará la Universidad Autónoma en las próximas semanas, el ex ministro de Sebastián Piñera señala que la misma "tiene una definición general inamovible: los recursos que el Estado paga por los alumnos beneficiados de la gratuidad no afectan la naturaleza esencialmente privada de nuestra institución, su autonomía y el proyecto de desarrollo institucional".
"Nuestra Universidad manifiesta su disposición para participar en el perfeccionamiento de una política pública que conjugue el bien mayor del beneficio de la gratuidad a los estudiantes con el de crecimiento académico y viabilidad económica de las universidades", finaliza el ex titular de Justicia.
