"Hay que enfocarse en respaldar la labor de los municipios y los establecimientos educacionales", señaló Clemira Pacheco.
La normativa fue visada el miércoles en la Cámara Baja.
Los diputados de la bancada PS destacaron este miércoles la aprobación del proyecto de ley que aborda la violencia escolar, que establece normas y reglamentos para enfrentar el denominado "bullying".
El parlamentario socialista -integrante de la Comisión de Educación- Manuel Monsalve explicó que esta iniciativa "se encamina a enfrentar un problema que viene generándose en los colegios en Chile, donde el 32 por ciento de los estudiantes ha sido víctima de algún tipo de agresión psicológica o física, y un alto porcentaje de esta violencia proviene desde los propios compañeros".
El parlamentario puntualizó que su bancada es partidaria de "poner el énfasis en la prevención, promoviendo conductas que hagan que la convivencia escolar sea sana y en esta dirección hemos avanzado en la Comisión de Educación de manera consensuada".
La opinión fue compartida por la diputada Clemira Pacheco (PS), quien afirmó que "ahora hay que enfocarse en respaldar la labor de los municipios y los establecimientos educacionales, en la promoción de campañas, asesorías técnicas para lograr una buena convivencia e insistió en que la labor del Estado "es clave".
"El Estado debe asumir qué tipo de sociedad estamos construyendo y que pasa con nuestros niños en las escuelas. Aquí resulta esencial trabajar con padres, profesores y alumnos en esta materia", aseguró la diputada, quien informó que Chile se ubica, según un ranking de la ONU, en el séptimo lugar de los países con más agresiones de este tipo. Según cifras del MINEDUC, sólo en lo que va del año 2010 se han recibido más de 600 denuncias por maltrato escolar.
La iniciativa aprobada el miércoles en el Congreso regula, impide y sanciona los casos no sólo de violencia física y sicológica que sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino también toda forma de hostigamiento y acoso. Asimismo, pretende regular la forma en que los colegios deben asumir este problema y establece sanciones para los establecimientos educacionales que no actúen frente a hechos de violencia escolar, en hasta 50 UTM.
