El informe detectó debilidades en la supervisión de la Superintendencia de Educación y cuestionó cómo se están aplicando las sanciones en liceos emblemáticos.
Uno de los establecimientos auditados fue el Liceo Lastarria.
La Contraloría General de la República advirtió falencias en la fiscalización de la violencia escolar y en la reubicación de estudiantes sancionados, tras analizar las acciones de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación.
El informe reveló que, pese a la alta cantidad de denuncias registradas en el país, solo una parte menor fue objeto de inspecciones formales, lo que evidencia debilidades en la respuesta institucional ante uno de los principales problemas del sistema educativo.
Entre 2020 y el 13 de octubre de 2025, se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. Sin embargo, apenas 1.727 casos fueron fiscalizados propiamente tal.
Según el organismo contralor, esta brecha refleja una limitada capacidad de supervisión frente a un fenómeno que no ha disminuido en los últimos años. Por el contrario, el informe advierte que el aumento de denuncias confirma que la violencia escolar sigue siendo una de las problemáticas más relevantes en la educación pública chilena.
La auditoría también detectó que los establecimientos con mayor cantidad de sanciones y denuncias durante 2024 y 2025 no fueron fiscalizados, pese a concentrar los casos más críticos.
Entre los liceos analizados figuran el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal.
Todos ellos están ubicados en las comunas de Santiago y Providencia y concentran una parte significativa de los episodios de violencia escolar registrados en el período auditado.
Otro de los puntos críticos del informe se relaciona con la reubicación de alumnos expulsados o con matrícula cancelada.
La Contraloría constató que 38 estudiantes fueron reubicados en el mismo establecimiento o en otros liceos emblemáticos, sin cumplir con lo establecido en la normativa vigente.
En detalle, el 21% de los alumnos sancionados volvió al mismo establecimiento que los había expulsado o cancelado su matrícula.
El 79% restante fue trasladado a otros liceos emblemáticos con altos niveles de conflictividad.
El informe además advierte que, en varios casos, los directores no ejercieron su facultad de oponerse a estas reincorporaciones.
Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación adoptar medidas coordinadas para mejorar la fiscalización y el cumplimiento de las normas de convivencia escolar.
Asimismo, ordenó regular con mayor claridad los procedimientos de reubicación, especialmente en casos vinculados a hechos de violencia, con el objetivo de evitar que los estudiantes sancionados sean reincorporados en contextos similares a los que originaron las medidas disciplinarias.
El informe concluye que la violencia escolar no ha mostrado una disminución sostenida, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, prevención y gestión de la convivencia al interior de los establecimientos educacionales.
En ese escenario, la capacidad del sistema para fiscalizar oportunamente y aplicar correctamente las sanciones aparece como un factor clave para enfrentar una problemática que sigue impactando a la educación en Chile.
