Se trata de seis investigados por la arista "cuentacorrentistas", los que accedieron a un juicio abreviado.
El Ministerio Público está pidiendo cinco años de cárcel.
Este viernes se dará a conocer las penas contra los primeros condenados.
Este martes comenzaron los primeros juicios abreviados por el caso del millonario fraude en Carabineros, donde el Ministerio Público está pidiendo cinco años de cárcel para algunos de los investigados en la arista "cuentacorrentistas".
Hay 52 uniformados y civiles que están se encuentran involucrados en esta arista, donde personas prestaron sus cuentas para recibir los fondos que eran desviados desde las cuentas de la institución uniformada.
En una audiencia que se extendió por seis horas, se realizaron los primeros juicios condenatorios para un grupo de los cuentacorrentistas que accedieron a un procedimiento abreviado, seis acusados, entre los que está un civil.
El fiscal Miguel Ángel Orellana indicó que "la decisión del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago es emitir un veredicto condenatorio por las imputaciones que hizo el Ministerio Público respecto de seis acusados, cinco de ellas por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, y una de ellas sólo por el delito de malversación de caudales públicos".
El Ministerio Público pide tres años y un día de cárcel por malversación de caudales públicos y 700 días de presidio por el delito de lavado de activos, además de pagar 40 UTM (1.949.640 pesos), sumándose el dinero de distintos comisos que se está haciendo a los acusados.
"Hay aristas todavía no formalizadas que básicamente tienen que ver con el delito de lavado de activos y el testaferro en relación a los recursos que fueron obtenidos por los lideres de la organización y que fueron desviados a terceras personas, incluidas familiares, conocidos y personas que prestaron sus nombres, para que, en definitiva, estos bienes quedaran o intentaran quedar fuera de la persecución penal", adelantó el fiscal.
"Esto se incluirá en una formalización próxima respecto a estas personas", agregó.
El abogado querellante y representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Manuel Martorell, manifestó que "la pena de comiso exige como fundamento que los bienes adquiridos sean con productos del delito cometido y, por lo tanto, eso abre una discusión para ver si la persona adquirió esos bienes con producto del dinero malversado o con un crédito legítimo".
"Hemos sostenido que respecto a unos bienes que hemos pedido la pena de comiso el fundamento se verifica, es decir, que son bienes adquiridos con producto del dinero malversado", añadió.
La abogada defensora Diana Correa dijo que "son delitos económicos, patrimoniales, que afectan erarios. Por cierto que el tiempo que toma la Fiscalía en investigar es mayor y además que producto de la colaboración de los imputados fueron saliendo y surgiendo más aristas investigativas".
Este viernes se dará a conocer las penas contra los primeros condenados, mientras que el 22 de mayo se realizarán las siguientes audiencias de quienes también accedieron al procedimiento abreviado.
Por su parte, la audiencia de preparación de juicio oral en esta arista se realizará el 24 de junio.
