Omar Astudillo sometió a proceso al cabo Juan Carlos Cruz, al coronel (r) Clovis Montero y a la sargento Liliana Villagrán
Además, ordenó la prisión preventiva de esta última.
Los imputados fueron procesados como autores de delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad documental.
El ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo dictó autos de procesamiento en la investigación por el millonario fraude en el Ejército con recursos de la Ley Reservada del Cobre.
Astudillo sometió a proceso al cabo Juan Carlos Cruz Valverde, al coronel en retiro Clovis Alejandro Montero Barra y a la sargento Liliana Francisca Villagrán Vásquez como autores de delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad documental.
El ministro, además, ordenó la prisión preventiva de Liliana Villagrán. Cabe recordar que Cruz y Montero fueron los dos primeros detenidos del llamado caso "Milicogate".
El diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja, aseguró que la resolución del ministro demuestra que "aquí hubo una maquinación fraudulenta durante muchos años" que permitió, por falta de control, defraudar al fisco en "importantes recursos" destinados a la defensa nacional.
"Así que me parecen positivos los avances que ha realizado el ministro Astudillo", sostuvo.
El detalle de las acusaciones
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, estos procesamientos se realizaron el 5 de febrero: específicamente a Cruz Valverde y Villagrán Vásquez en la investigación relativa a los proveedores Tecnometal y Frasim, y a Montero Barra en la investigación relativa al proveedor Frasim.
La investigación dio cuenta que Tecnometal presentó a cobro al Ejército de Chile un total de 233 facturas por un monto total de 1.389.608.049 pesos, donde "para hacer efectivo el pago de esas facturas, terceras personas forjaban la documentación de respaldo, falseando las firmas de las jefaturas".
Posteriormente, "Tesorería transfería los fondos a la cuenta corriente del proveedor, en pago de facturas falsas, este procedía a retirar de inmediato y siempre en efectivo una parte de esos dineros. Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada "Ley Reservada del Cobre", el Ejército de Chile pagara un total de 1.389.608.049 pesos por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo".
Mientras que respecto a Frasim, entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, Montero solicitó y obtuvo la entrega de 161 facturas por parte del Francisco Huincahue Necuñir, dueño de Frasim.
"Conforme lo acredita el informe evacuado por la Comandancia General de la Guarnición del Ejército, Región Metropolitana, esa repartición o unidad del Ejército de Chile nunca efectuó compras o adquisiciones al proveedor Francisco Huincahue Necuñir-FRASIM, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014", dice la resolución.
Se añade que "el proveedor se reservaba para sí el valor del IVA de lo facturado más un 15 por ciento del valor neto de la factura, mientras que el resto de los dineros eran entregados, en efectivo o 'en billetes'" a Montero.
"Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada "Ley Reservada del Cobre", el Ejército de Chile pagara un total de 981.955.590 por ciento por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de toda realidad y respaldo", concluye la resolución.
