La fecha de la presentación de la acción será el 5 de septiembre y se espera contar con firmas del Frente Amplio.
La ministra Cubillos desestimaba motivos para enfrentar una eventual acusación constitucional.
La oposición presentará el próximo 5 de septiembre la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La decisión fue informada este miércoles tras la reunión de los jefes de bancada de oposición, donde el Partido Socialista entregó el borrador de la acusación a cada uno de ellos para someterla a consideración de sus pares.
El jefe de bancada del PPD, diputado Ricardo Celis, confirmó que "toda la oposición de centroizquierda ha decidido concurrir a la acusación, vamos a presentar el libelo el 5 de septiembre" al regreso del receso distrital.
"Se nos ha entregado un borrador que necesita hacer ciertas precisiones, por eso, como estamos en pleno proceso de discusión presupuestaria, necesitamos un tiempo y lo vamos a revisar", añadiendo que desde el Frente Amplio hay intención "de concurrir con su firma en este documento".
Desde el Frente Amplio pidieron al PS que no se presente la acusación esta semana para poder analizarla, hacer aportes y, si es que se acogen, llegar a firmarla.
"Hay disposición" del Frente Amplio para firmar la acusación
El jefe de bancada de Revolución Democrática, Pablo Vidal, precisó que tienen una intención de firmar y apoyar la acusación.
"Cuando hablamos de una disposición a participar en la revisión de ello y la disposición que ha tenido también el PS de no hacer el ingreso mañana (jueves), es porque al menos de parte nuestro hay la disposición de firmar la acusación constitucional en la medida que los aportes que hagamos sean incorporados, como todas las bancadas han manifestado estar disponibles a hacerlo", expresó.
Esto luego que ayer martes las relaciones entre el Partido Socialista y el Gobierno se tensionaron tras las palabras de la ministra Cecilia Pérez, quien cuestionó la acusación constitucional que impulsa el partido contra la ministra Cubillos, y los acusó de no tener "pudor" para tratar "de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".
Sus palabras molestaron al socialismo y llevaron al partido a confirmar esta acusación constitucional, además de congelar las relaciones con La Moneda.
Más temprano, la ministra Cubillos desestimaba motivos para enfrentar una eventual acusación constitucional, asegurando que ha cumplido y ha velado por hacer que las leyes se cumplan.
Los elementos de la acusación
El borrador de la acusación ya tiene cinco capítulos, los que se resumen en vulneración al principio de probidad por falta a la veracidad sobre la Ley de Inclusión y el Sistema de Admisión Escolar; infracción a la protección de datos personales, por los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp enviados por la secretaria de Estado; y no ejercer un control jerárquico permanente de los órganos a su cargo, por la implementación del sistema de educación pública.
A esto se suma el haber dejado sin ejecución las leyes en materia de ejecución presupuestaria de los servicios locales de educación y, vinculado a esto, está la omisión del deber de denunciar oportunamente los hallazgos de una auditoría que detectó irregularidades.
Respecto a esto último, El Mercurio informó este fin de semana que el Mineduc envió al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público los antecedentes del hallazgo de una auditoría que, entre otras cosas, apuntan al depósito de dinero en cuentas privadas en algunos servicios locales de educación.
Sin embargo, el diputado y jefe de bancada socialista, Manuel Monsalve, acusó que el Mineduc tuvo esos datos mucho antes y, por lo mismo, la ministra Cubillos tuvo la obligación de denunciarlo mucho antes.
"A propósito del propio anuncio que hace la ministra de que está presentando antecedentes ante el Ministerio Público y ante el Consejo de Defensa del Estado por lo que ella entiende son irregularidades ocurridas al interior de los servicios locales de educación, vale la pena preguntarse cuál es la conducta que le correspondía a la ministra en esa materia", dijo.
Monsalve indicó que tienen "dudas que en esa conducta la ministra haya cumplido con la ley. Si un ministro conoce antecedentes que constituyen delitos, su obligación, de inmediato, es colocarlo en conocimiento del Ministerio Público y los antecedentes estaban disponibles desde marzo".
