La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que la querella presentada por la empresa Pegasus sobre posibles delitos de corrupción en la licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros "no tiene ningún tipo de asidero legal".
La autoridad es investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte tras la acción judicial de la empresa, donde se acusa que la ganadora del concurso, Motorola, fue favorecida estratégicamente por la Subsecretaría aunque sus equipos no contarían con la función de "pre y post grabado", que era una de las condiciones del proceso.
La subsecretaria Martorell se defendió asegurando que "esta querella no tiene ningún tipo de asidero legal; hoy cualquier persona puede presentar una querella si siente que ha sido vulnerado en algún derecho, pero como subsecretaria estoy segura y absolutamente convencida de que no ha existido ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad ni mucho menos algún tipo de acción criminal, que es lo que se pretende imputar".
"Vamos a evaluar todas las acciones legales que podemos ejercer, porque aquí se está afectando a una subsecretaría de Estado, a funcionarios que trabajan en ella y también a mí como persona, y eso por supuesto que afecta mi honra", aseveró.
La Subsecretaría también sostuvo que las cámaras no son adulterables y que no se puede modificar ni borrar la memoria.
Mediante un comunicado, desde la empresa Motorola señalaron que la licitación que obtuvieron fue de carácter público, "conforme a las leyes del país", y que las cámaras seleccionadas cumplen con todos los requisitos técnicos y de servicio "estipulados en las especificaciones de la licitación, incluyendo la función de grabación posterior, cumpliendo además con protocolos internacionales".
