La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas centrales de la Compañía de Jesús con el objetivo de incautar la investigación previa realizada en contra de Felipe Berríos, quien permanece suspendido de sus funciones por una indagatoria tras denuncias por "actos de significación sexual".
El allanamiento se llevó a cabo esta jornada, luego de que la fiscal Yazmín Salech obtuviera una autorización judicial, en la sede de los jesuitas en pleno centro de Santiago, según consignó La Tercera, desde donde se incautó la investigación canónica previa realizada por la abogada María Elena Santibáñez.
Esto responde a una causa penal que se abrió justamente por la autodenuncia realizada por el religioso, quien pidió la intervención de la justicia ordinaria, por lo que la pesquisa responde a la petición hecha por el abogado Julián López, defensor de Berríos, luego de que la congregación negara los antecedentes basándose en el "secreto de la vía canónica".
Tras el allanamiento, el secretario general de la Compañía de Jesús, Juan Cristóbal Beytía, aseguró que "siempre estarán dispuestos a cumplir todas las órdenes judiciales, como corresponde, dando el mayor respaldo y protección a las denunciantes que recurren a ella solicitando su apoyo".
En esa misma línea, confirmó que "este lunes 3 de octubre de 2022 se realizó, a requerimiento de la fiscalía y en cumplimiento de una orden judicial, la entrega de la investigación previa elaborada con ocasión de las denuncias formuladas contra Felipe Berríos".
El documento estableció la "verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes", tratándose de hechos referidos a "tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009", según consignó la indagatoria.
Estos antecedentes, indicaron anteriormente desde la Compañía de Jesús, fueron enviados al Vaticano, en Roma, por lo que se está a la espera de conocer en detalle qué logró allanar la policía civil este lunes.
María de los Ángeles Solar, directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la congregación católica, informó que, "habiéndonos previamente comunicado con cada una de las denunciantes y acogiendo estrictamente la voluntad manifestada por cada una de ellas, entregamos la información requerida a la Fiscalía, siempre resguardando la confidencialidad solicitada por las denunciantes".
En la arista penal, "es importante tener en cuenta que actualmente todas ellas son mayores de edad, por lo tanto, entendemos que son precisamente ellas las que deben denunciar ante la Fiscalía si así lo desean", puntualizó.
GOBIERNO Y DEFENSORÍA ABOGAN POR LA INVESTIGACIÓN
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, sostuvo que el Gobierno ha planteado "permanentemente que nadie puede estar por encima de la ley, las instituciones deben funcionar y la persecución de delitos que involucran a niños, niñas y adolescentes son de particular preocupación".
"Esperamos que las instituciones funcionen y que acá podamos tener noticias pronto respecto de este proceso", añadió.
Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó que "uno siempre espera es que las investigaciones penales por los delitos sexuales sean lo más rápidas posible, pero cuando hablamos de victimización en el ámbito de lo sexual, el tiempo cobra mucha relevancia y, en ese sentido, es muy importante que todas las diligencias que hagan con esa prontitud".
"Aquello -continuó- implica la posibilidad de que el fiscal a cargo de la investigación pueda determinar aquellos antecedentes que existe y, sobre la base de ello, tomar decisiones que impliquen también, desde un punto de vista objetivo, una persecución penal que resuelva tanto la situación de las víctimas, como también de los involucrados".
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