Rosa Aguirre, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mantuvo una relación por casi dos décadas con una abogada a la que le pagaba 300 mil pesos mensuales para que se ocupara de la redacción de fallos que a ella le correspondían.
Según publicó La Tercera, la magistrada -expresidenta del tribunal de alzada porteño y segunda antigüedad de dicha corte-, enfrentó una demanda de tutela laboral ingresada, en el Primer Tribunal Laboral de Santiago, por la abogada Damaris Silva.
Aguirre se transformó en ministra de la Corte en 2009, luego de desempeñarse como fiscal judicial en Valparaíso. Fue en ese año en que la magistrada inició una relación laboral informal con la profesional, quien juró como abogada en 2015.
Ghostwritter de la jueza
Silva comenzó a prestar servicios, en calidad de ayudante, en la primera Fiscalía Judicial de la Corte de Valparaíso en el mismo período, función que realizó bajo el mando directo de Aguirre.
Posteriormente, continuó vinculada a Aguirre cuando ésta llegó a la Corte de Apelaciones: "En esa oportunidad decidió expresamente que yo continuara trabajando directamente para ella. Desde entonces asumió también de manera directa el pago de las contraprestaciones por mis servicios, consolidándose una relación que se mantendría, con distintas modalidades de ejecución, hasta el día 9 de mayo de 2026", detalló en la demanda laboral.
"Mi función principal consistió durante años en el estudio jurídico de expedientes y antecedentes judiciales y en la elaboración material de proyectos de sentencias correspondientes a causas respecto de las cuales la demandada intervenía en su calidad de ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso", relató la abogada.
Silva explicó que su labor incluía recibir antecedentes de las causas que debía estudiar, revisar las actuaciones de primera instancia si era necesario, analizar recursos deducidos, investigar jurisprudencia, analizar las causales de nulidad invocadas, organizar la argumentación jurídica y, finalmente, redactar los respectivos textos de fallo.
La abogada hacía llegar el escrito a la ministra, quien efectuaba revisiones o impartía nuevas instrucciones si estimaba pertinente: "La demandada me transmitía el sentido en que esperaba que el asunto fuera trabajado, utilizando expresiones como 'hay que rechazar,hay que acoger' o 'hay que revocar', pudiendo agregar consideraciones acerca de la causal jurídica relevante o de los argumentos que, a su juicio, debían desarrollarse", aseveró, según reproduce La Tercera.
10 mil por sentencia y sueldo de 300 lucas, sin reajuste
En el año 2010, Silva recordó que el tribunal de alzada de Valparaíso dispuso que un conjunto de causas laborales pendientes de los antiguos Juzgados del Trabajo fueran resueltas por ministros de la corte, actuando como jueces de primera instancia.
"A doña Rosa Aguirre le fueron asignadas aproximadamente 35 causas. Durante el mes de febrero de aquel año, mientras la demandada hacía uso de su feriado legal, me encomendó que redactara los proyectos correspondientes a esas 35 sentencias. Al reiniciarse el año judicial se efectuó la entrega del trabajo desarrollado y, posteriormente, la demandada dispuso el pago de una suma de $10.000 por sentencia", puntualizó.
La demandante también señaló que dichas funciones implicaban extensos horarios de trabajo, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, y en determinadas ocasiones hasta aproximadamente las 23:00 horas o en jornadas durante sábados o domingos.
Los honorarios de Silva recién se fijaron en 2015, cuando la ministra Aguirre definió que por su trabajo le pagaría 300 mil mensuales, monto que no fue reajustado hasta el 9 de mayo de 2026, cuando la relación llegó a su término por decisión de la magistrada.
Término de relación y acuerdo por 17 millones
Silva se aburrió por las condiciones del trato y pidió un aumento de sueldo, con pretensión de ganar 900 mil, pero Aguirre decidió poner término a casi 17 años de trabajo.
Aguirre "insistió reiteradamente en que ambas debíamos 'terminar en buena' y vinculó esa idea con una exigencia específica: yo no debía hablar de ella ni comentar con otras personas el período durante el cual habíamos trabajado juntas".
Sin embargo, la abogada abrió un espacio para negociar: "Mantuve la disposición de explorar una salida extrajudicial que permitiera evitar la judicialización del conflicto", señaló en la demanda.
Finalmente, en agosto de este año la ministra Aguirre y Silva firmaron el acuerdo de un texto titulado como "Transacción, finiquito y renuncia de acciones". Los términos se cerraron con un monto de 17 millones que debió pagar la jueza y una exigente exigente cláusula de confidencialidad que, finalmente, no impidió que los hechos saltaran a la luz pública.
