Eduardo Bitrán dijo que paralizó la construcción de penales por conflictos con concesionarias.
En tanto, Sergio Bitar defendió el acuerdo alcanzado con las empresas involucradas.
Los ex titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Eduardo Bitrán y Sergio Bitar defendieron en El Primer Café de Cooperativa las decisiones que tomaron sobre la paralización en la construcción y concesión de cárceles que se vivieron en sus administraciones.
Para Bitrán, secretario 
de Estado entre 2006 y 2008, "el que paralizó las cárceles concesionadas en Chile se llama empresa Besalco, que en el año 2004, por desacuerdos con el Ministerio de Obras Públicas, se les ocurrió la idea de paralizar el Grupo II de cárceles de Antofagasta y Concepción".
"Cuando asumí en marzo del 2006 me encuentro con un Grupo I de cárceles con una demanda multimillonaria, casi por el monto de la licitación inicial ya terminada, con un Grupo II de cárceles que llevaba 14 meses paralizado y que no tenía ninguna posibilidad de resolverse", agregó.
Eduardo Bitrán -emplazado en El Primer Café por el también ex ministro Francisco Vidal- indicó que la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del tribunal arbitral que obligaba al MOP a pagar a la concesionaria, "pero cuando salgo del MOP (ya encabezado por Bitar) se termina conciliando con la concesionaria en el mismo valor que había determinado el tribunal arbitral".
En tanto, Sergio Bitar se defendió de lo señalado por Bitrán expresando que "cuando asumí nos encontramos con dos problemas: las cárceles había que terminarlas y en ese sentido el Estado liquidó el contrato y partió de nuevo con la de Concepción, que está en operación y la de Antofagasta, se entregará en un mes más".
"Respecto del problema creado con la empresa, esto fue a una comisión conciliadora y ella determinó un pago del orden de 2.800.000 UF por parte del Estado. (Y) la Corte de Apelaciones ratificó lo dicho por la comisión conciliadora", relató.
Sin embargo, Bitar recalcó que "la Corte Suprema decidió intervenir, revocar lo señalado por la Corte de Apelaciones, el juez Carreño señaló una fórmula intermedia y propuso bajar la cantidad de UF, el Consejo de Defensa del Estado lo estimó conveniente y para mí esto significaba un ahorro de más de 500.000 UF al Estado y así se finalizó este conflicto".
