La fiscal anticorrupción del Biobío, María José Aguayo, confirmó este viernes que se presentó la acusación en la arista lencería del caso convenios, en el que pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y su expareja Sebastián Polanco por los delitos de estafa y lavado de activos.
Además de la pena de prisión, el ente persecutor solicitó una multa de 625 UTM para cada uno, lo que equivale a 42,1 millones de pesos.
La acusación también apunta a exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío: para el exjefe de división Simón Acuña y el exadministrador regional Rodrigo Martínez, pide una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, por el delito de fraude al fisco.
Rodrigo Alarcón, exjefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz, también enfrenta una solicitud de 10 años y un día de cárcel por el mismo delito.
A todos los exfuncionarios públicos se les exige la restitución total de los 256.635.000 pesos del convenio.
"Para todos los imputados que fueron formalizados solo por lavado de activos, se pidió una pena de 4 años", detalló la fiscal Aguayo. Esta condena le correspondería a otros querellados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), como la madre de Polizzi, Luisa Fonseca; Matías Godoy, Eduardo Quezada, Diego Polanco -hermano de Sebastián Polanco- y Patricio Carrasco.
Una acusada absuelta
La Fiscalía decidió absolver a la exfuncionaria pública Tamara Vidal, quien fue la persona que destapó el escándalo de los convenios al interior del Gobierno Regional del Biobío.
En el caso de Camila Polizzi, la formalización inicial consideraba cuatro delitos, pero finalmente la acusación se centró en dos. "Nosotros hemos sostenido que no hay delito, no hay participación de mi representada en los delitos por los cuales se le ha acusado", afirmó Francisco García, abogado de Polizzi.
"Durante el juicio haremos valer, mediante nuestros medios de prueba, todo lo que corresponda para establecer la falta de participación de ella en esos delitos", concluyó García.
El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, consideró que esta acusación es un paso clave: "Han pasado 27 meses desde que estalló el caso. No puede ser que exista una sensación de impunidad. Aquí se dañó la confianza en el Gobierno Regional, en la organización pública y en fundaciones que hacen bien su trabajo. Esperamos sentencias contundentes, categóricas".
Ahora, se espera que el caso sea llevado a juicio, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados.