Iniciativa pide al Ministerio de Justicia revisar el déficit de fiscales en el Ministerio Público.
Lo anterior en el marco de la pronta discusión del proyecto de Presupuesto 2012.
Por una amplia mayoría de 65 votos a favor y uno en contra fue aprobado el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que pide al Ministerio de Justicia revisar la situación de la falta de dotación de fiscales y personal de apoyo de la Fiscalía de Chile.
Tras la votación, el primer vicepresidente de la Cámara, Pedro Araya, calificó como "positivo y oportuno" que la corporación haya aprobado dicho proyecto, que da cuenta de la sobrecarga laboral que vive el Ministerio Público, ad portas del envío de la ley de Presupuesto al Congreso.
El diputado Araya, quien es integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, expresó que "parte importante del buen funcionamiento de la Reforma Procesal Penal pasa por contar con el personal adecuado a fin de fortalecer el sistema. Aquí los fiscales necesitan tener una carga adecuada para resolver como corresponde las numerosas causas".
Proyecto de Acuerdo
El proyecto de acuerdo de la Cámara indica que "dentro de las preocupaciones ciudadanas e índices de victimización recogidas por estudios de la opinión pública, la seguridad es el elemento de mayor importancia para las personas, y por lo tanto el gobierno y los parlamentarios deben generar los ajustes necesarios con el objeto de proveer aquella necesidad de la manera más eficiente posible".
Añade que "actualmente cada fiscal lleva en promedio dos mil causas al año; esto es el doble de lo que se había proyectado al momento de establecer dotaciones de inicio. Lo anterior se debe a que el número de causas efectivamente ingresadas desde el comienzo del sistema ha sido superior al proyectado, se ha producido un número sostenido de denuncias, y se han incorporado nuevas leyes y delitos al ámbito de la persecución penal".
La moción señala que "desde el comienzo de la reforma procesal penal han dejado la institución más de 120 fiscales, lo que ha significado una perdida de cuantiosos recursos estatales invertidos en selección y capacitación de cada uno de ellos".
