El juez Diego Simpértigue afirmó que las directrices de la Corte Suprema "no se deben discutir, sino que se deben cumplir".
El titular de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, se mostró partidario de la determinación de la Corte Suprema, en orden a fijar un plazo máximo de seis meses –vigente desde el pasado 25 de enero– para el cierre de los sumarios de los procesos por violaciones a los derechos humanos.
"Lo importante acá es destacar que los autos acordados, los acuerdos, las decisiones de la Corte Suprema, para un juez, no se deben discutir, sino que se deben cumplir solamente", sentenció el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Simpértigue reconoció que le "hubiese gustado conversar un poco más el tema con los colegas de Santiago, porque creo que es un tema muy importante", en relación al documento interno que se manejó al interior de la gremial metropolitana de magistrados, en el que se critica la resolución de los supremos.
El abogado sentenció que "es discutible" que la medida sea vista como un obstáculo a la independencia de los jueces.
"La Corte Suprema en ningún caso está señalando cómo debe trabajarse (un caso), si se debe someter a proceso a alguien o no, si se debe condenar a alguien o no, sino que solamente ha fijado un plazo para terminar la investigación, y un plazo que, en todo caso, ni siquiera es fatal", subrayó Simpértigue.
El juez recordó que las partes pueden pedir al juez que siga investigando e incluso recurrir al tribunal superior para ello, en el caso de que existan antecedentes relevantes para el proceso.
Ministerio Público está "ejerciendo las facultades penales que existen"
Diego Simpértigue consideró que las sanciones que anunció el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, para funcionarios del Ministerio Público, por negligencias en la investigación sobre abuso sexual de menores que se realiza en contra del senador DC Jorge Lavandero sólo da cuenta de una entidad que está "ejerciendo las facultades penales que existen".
"No significa que el organismo esté funcionando mal, sino que al contrario, que los organismos de control están funcionando", aseguró el juez.
Simpértigue dijo a Radio Cooperativa que se trata de "facultades del Ministerio Público, como bien sabemos, el Ministerio Público es un organismo autónomo, separado del Poder Judicial, de tal manera que lo que observamos acerca de lo que está ocurriendo es tremendamente importante".
"Aún cuando es muy doloroso para las personas que sufren las medidas disciplinarias, pero sin embargo, aquí lo que interesan son las instituciones", dijo el magistrado, quien recordó que hay un interés nacional de que el Ministerio Público funcione correctamente.
Sin embargo, descartó que el caso Lavandero sea la "prueba de fuego de la Reforma Procesal Penal", pues lo más trascendente para el nuevo procedimiento judicial "está en la aplicación del sistema en Santiago, creo que ahí es donde vamos a tener que poner todo nuestro esfuerzo para que Reforma Procesal Penal funciones bien".
Consultado por las críticas que hizo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que acusó al Poder Judicial de ser la institución más "homofóbica" del país, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados estimó que "hay que analizar cada caso en particular".
"Creo que ha quedado en el último tiempo muy claro que las discusiones de orden jurídico dentro del Poder Judicial se hacen con las puertas abiertas", añadió.
Simpértigue concluyó que los magistrados "valoramos que la opinión pública tenga interés en lo que deciden los jueces, y por lo tanto estamos atentos a las críticas, sean positivas, sean negativas, que se realicen, aún cuando eso no va a alterar la decisión de acuerdo al mérito del proceso (respectivo)".
