Con el acuerdo del pleno del máximo tribunal, la norma que protege a quienes entreguen informaciones en casos de derechos humanos, quedará lista para su despacho en la Cámara Alta.
La Corte Suprema, en acuerdo pleno, recomendó aprobar la ley de incentivos a informantes en causas de derechos humanos que se tramita en el Senado.
Tras el plenario, la Corte Suprema recomienda a la Cámara Alta que sin reparos y observaciones se puede aprobar la ley de incentivos a informantes, exceptuando a quienes tengan directa relación con los crímenes cometidos en dictadura militar.
En el texto se plantea que las personas que se acojan a este beneficio tendrán la reserva de su identidad durante la investigación de los jueces especiales y se les librará de toda responsabilidad penal, en caso de que sus testimonios sean realmente útiles.
A su vez, se indica que las cortes de apelaciones serán las que agregarán, en calidad de extraordinario y urgente, estas causas para que sean vistas en segunda instancia, de manera que se aceleren los procesos, cuestión que planteó el Presidente Ricardo Lagos cuando envió este proyecto de ley al Congreso.
En el acuerdo del máximo tribunal, se apunta también que el auditor general del Ejercito, el actual general Juan Romero, no integre la sala penal cuando se vean estas causas en la última instancia, tal como ocurrió hace un mes con el caso de secuestro permanente de Miguel Angel Sandoval Rodríguez, cuestión que resolvió la Corte Suprema sin aplicar la ley de Amnistía, cuando se ratificó la condena a 12 años de presidio contra la cúpula de la disuelta DINA.
Al remitirse esta opinión de la Suprema, la ley queda lista para su despacho en la Cámara Alta.
