En medio de la sobredemanda que enfrentan la justicia de familia, cobra relevancia la alternativa del diálogo entre las partes, que sin ser la panacea, reduce considerablemente los tiempos para llegar a una solución.
Por Claudio Cuevas ccuevas@cooperativa.cl
Como un trabajo gratificante califica Patricia Guzmán, asistente social, la labor que lleva a cabo hace un año y medio para solucionar los problemas que enfrentan los grupos familiar.
Patricia es mediadora, institución establecida por la ley de la Nueva Justicia de Familia como alternativa a llevar ante la justicia tradicional problemas como las pensiones de alimentos, el régimen de visitas o incluso el colegio al que irán los niños.
Asistente social que trabaja de forma independiente en las tardes, Patricia es parte de la firma Consultor Regional Chile, que reúne a 11 personas de distintas profesiones -sicólogos, abogados- inscritas en el registro único de mediadores del Ministerio de Justicia.
Según Guzmán, la mediación da resultados que no se ven en tribunales: "Yo he atendido seis, siete casos, y ha sido muy gratificante para uno ver cómo llegan las personas en conflicto y cómo se van. En el proceso ves cómo se miran con otra cara, se miran de otra manera. En un principio llegan como bien esquivos a lo que es la mediación y después se van sumamente contentos".
Cada caso dura un promedio de cinco sesiones, que se realizan cada tres días o a veces sólo una semanal, lo que incide en la baja cantidad de casos -siete casos en un año y medio de trabajo- que ha visto, a lo que se une la gran desinformación que existe del sistema.
 |
El tribunal puede determinar si el servicio se entrega gratuitamente, derivando el caso a alguno de los mediadores registrados.
Una vez en el mediador, los antecedentes son tomados por un tercero, de tal forma de asegurar que quien dirigirá el diálogo entre las partes tenga una visión completamente independiente.
Luego comienzan las sesiones. La duración del caso dependerá de la totalidad de problemas que se quieran resolver -una pensión alimenticia puede conllevar una demanda por visitas, por ejemplo- y cada sesión, para quienes paguen por el servicio, tiene un valor de 40.000 pesos.
Patricia Guzmán explica que "hay casos en que sólo se quiere formalizar una decisión, lo que se logra a través de dos o tres sesiones, porque las partes están predispuestas "o no tienen un conflicto tan arraigado".
Una vez alcanzado el acuerdo, el propio mediador tiene la responsabilidad de llevar el convenio ante el tribunal de familia que territorialmente corresponde.
Una vez ahí el juez deberá definir si el compromiso es legal, por lo tanto con valor de sentencia. Si no es así, queda rechazado y hay que comenzar todo el proceso nuevamente.
El proceso en general es más corto, que en tribunales, ya que una audiencia del juez puede ser programada hasta para cuatro meses más, periodo en que un acuerdo puede ser alcanzado, siguiendo la experiencia de Guzmán.
 |
"La gente quiere que la escuchen, quiere que la atienda un juez", recalca el jefe de la División Judicial.
A esto se suma que los "tribunales de familia no ven causas, ven problemas. Cada persona trae una mochila de problemas que sólo a veces son traducibles en causas".
Además, los problemas de familia son "renovables", es decir, cambian en el tiempo: una solicitud de pensión de alimentos puede ir cambiando en la medida en que el demandado tenga una mejor o peor condición económica -a más sueldo, más pensión se le pide a un padre, por ejemplo-.
La solución sería la iniciativa de "derivación obligatoria", que estaba en el proyecto original del Gobierno pero que se perdió durante su trámite en el Parlamento.
La medida busca que se establezcan una serie de materias que el juez deberá derivar inmediatamente a mediación. (Cooperativa.cl)
