Parlamentarios y familiares de personas detenidas por distintos hechos en el marco de la crisis social, estallada el 18 de octubre de 2019, entregaron este jueves los primeros lineamientos del proyecto de "Ley de Amnistía" que propondrán en el Congreso.
El borrador, que por norma constitucional deberán ingresar al Senado, plantea la posibilidad de amnistiar delitos vinculados al atentado a la autoridad, maltrato de obra, desórdenes públicos, así como también los relacionados a la ley antibarricadas y antisaqueos, de control de armas, y de destrucción o daño de monumentos nacionales.
Durante esta tarde se reunieron en las afueras de los Tribunales de Justicia los familiares y representantes de los jóvenes que se encuentran presos desde el inicio de las movilizaciones sociales, junto a los diputados comunistas Camila Vallejo y Boris Barrera y el senador Alejandro Navarro, y vía telemática la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
En el encuentro dieron a conocer el grupo de iniciativa que se encargará de trabajar la ley de amnistía que enviará a la Cámara Alta en los próximos días, y leyeron una declaración donde hacen un llamado "al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor".
Sostienen que "luego del aplastante triunfo logrado en el plebiscito, resulta ética y moralmente inaceptable que existan niñas, niños y jóvenes 'presos políticos' en Chile, más aún cuando fueron los gestores de esta posibilidad histórica".
El senador Navarro asegura que "hay más de 2.000 jóvenes detenidos en prisión preventiva, la mayoría de ellos durante un año, durante varios meses, para luego ser dejados en libertad, sin cargos", por lo que -plantea- "una ley de amnistía es la salida política y no judicial, es la salida política que Chile necesita".
En ese sentido, el senador Latorre llamó al Gobierno, en especial al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su par de Justicia, Hernán Larraín, a "buscar una salida política".
"Hay muchos jóvenes que llevan un año prácticamente en prisión preventiva, que no tienen antecedentes penales, que están acusados por delitos menores y eso es muy injusto, atenta contra un debido proceso, contra la democracia. Y nosotros desde el Parlamento propondremos un proyecto de amnistía", sostvo.
"No nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta, porque ellos hicieron posible el triunfo del 25 de octubre. No permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadoras y luchadores sociales. Por eso es importante empujar esta ley de amnistía. Les han puesto una condena de facto por mantenerlos privados de libertad por cerca de un año", manifestó a su vez la diputada Vallejo.
En ese marco, espera que "esta ley sea tramitada rápidamente y que el Gobierno entienda que cuando habla de democracia no puede ser solo de la boca hacia afuera".
Se trata de una iniciativa paralela a la anunciada recientemente por Convergencia Social, que entre otros puntos propone "la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido".
GOBIERNO TILDA "LEY DE IMPUNIDAD" Y CONMINA A RECURRIR A LA JUSTICIA
El Gobierno ha negado que existan presos políticos del estallido social, ya que en ese concepto se considera a "aquellas personas que son perseguidas por su opiniones políticas, por sus posturas políticas", pero "este no es el caso", puesto que el medio que utilizaron para manifestarse "en nuestra sociedad son considerados delitos".
Postura que reiteró hoy el vocero Jaime Bellolio (UDI), quien enfatizó que "en Chile no existen los presos políticos".
Asimismo, "si alguno de los parlamentarios quiere discutir acerca de las prisiones preventivas, se puede recurrir a los tribunales porque son ellos quienes deciden y no el Gobierno", conminó, a la vez que fustigó que, a su juicio, el proyecto es "una ley de impunidad frente a la violencia, la señal exactamente contraria a lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre, cuando optaron por la vía institucional y de la no violencia".
Según registros del Ministerio Público -ente persecutor-, hay más de 640 personas en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social, algunos que llevan cerca de un año con esa medida cautelar; en tanto, hay otras 725 ya condenadas.
Hay 200 formalizados por incendios o porte de artefactos incendiarios, varios de cuyos familiares acusan que las supuestas pruebas fueron montadas por Carabineros; y 670 encausados por desórdenes públicos.
