El Gobierno se desmarcó de las críticas del empresariado y defendió que con el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga ha funcionado la institucionalidad del país.
Tras el fallo el directorio de la empresa Andes Iron -que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo- afirmó que apelará la resolución ante los tribunales ambientales, y de ser necesario, a la Corte Suprema.
A las críticas de las rechazo se sumaron las voces en contra del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien se abstuvo y señaló que sólo le informaron el viernes de esta reunión, y no tuvo tiempo para hacer un estudio acabado del tema.
"Lo que ha pasado aquí es que ha funcionado nuestra institucionalidad; lo que ha pasado aquí es que es que las decisiones se han tomado sobre la base de consideraciones de carácter técnico y siempre ha sido así", sostuvo la ministra vocera Paula Narváez.
La portavoz abordó que "no todos los sectores tienen las misma visiones respecto de los proyectos ni las misma consideraciones porque evalúan dimensiones distintas de cada uno de los proyectos; por lo tanto, lo que ha correspondido ha sido una resolución", precisó.
"Es un tema ya zanjado hasta esta instancia y, por lo tanto, no tenemos nada más que agregar al respecto", concluyó.
A la defensa del ministro Céspedes, militante DC, también se sumó el presidente interino de su partido, Matías Walker, diputado por la Región de Coquimbo, quien apuntó que "lo que él hace es un llamado a la seriedad. Efectivamente, una resolución de calificación ambiental de un proyecto con una inversión de 2.500 millones de dólares no se puede citar con dos a tres días de anticipación".
La iniciativa -sobre la que se pronunciaron los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Energía, Andrés Rebolledo; de Minería, Aurora Williams; y de Medio Ambiente, Marcelo Mena- ya había sido rechazada, en marzo, por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
