ONG valoró decisión judicial que frenó sondajes de "Pascua Lama 2.0"
OLCA entregó detallas de la medida cautelar que acogió el Segundo Tribunal Ambiental sobre el proyecto Prospección Minera El Alto.
OLCA entregó detallas de la medida cautelar que acogió el Segundo Tribunal Ambiental sobre el proyecto Prospección Minera El Alto.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que el Segundo Tribunal Ambiental acogiera una medida cautelar respecto al proyecto Prospección Minera El Alto, de Barrick Gold, solicitada por comunidades de Alto del Carmen a raíz de perforaciones "en el área clausurada de Pascua Lama cercana a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza".
La ONG ambientalista dijo que "por ahora, los sondajes no entrarán a la zona clausurada de Pascua Lama", porque "el fallo confirma lo que las comunidades del Huasco vienen denunciando" y "con información de Sernageomin, el tribunal constató que El Alto perforaría en el mismo lugar donde se hicieron los sondajes de Pascua Lama, dentro de su antigua zona de explotación a rajo abierto y del área clausurada. Es decir, sobre un territorio que la Superintendencia del Medio Ambiente cerró de forma total y definitiva en 2018, en una sanción que la Corte Suprema dejó firme en 2022".
Según Irene Alvear, presidenta del Comité Ambiental Comunal (CAC) de Alto del Carmen, el caso evidencia una desidia institucional, porque "el sistema de evaluación, con todas sus diferentes etapas, parece estar hecho para favorecer la instalación de los proyectos y no para, realmente, proteger los bienes naturales de nuestro país".
Además, la dirigenta recordó que Pascua Lama fue clausurado, pero que su respectivo plan de cierre "aún está en evaluación" y en la cordillera quedó "un botadero" con 15 millones de toneladas con potencial de drenaje ácido.
La suspensión rige por 30 días corridos, prorrogables, y el tribunal eximió a la comunidad de rendir caución; por lo que el comité adelantó que pedirá la renovación de la medida; mientras que la Municipalidad de Alto del Carmen pidió a la Superintendencia de Medio Ambiente coordinar la fiscalización de la decisión judicial.