El controvertido proyecto de ley de migraciones, que es votado en la Sala de la Cámara de Diputados este jueves, será derivado a una Comisión Mixta luego de que una serie de modificaciones hechas en el Senado hayan sido rechazadas.
Serán esos aspectos en que hay diferencia entre las cámaras los que se revisarán en la instancia; mientras, aún restan más de 20 de las 30 votaciones por separado que se tienen que realizar.
Durante la discusión, hubo un debate sobre los aspectos generales de la iniciativa, que ya no incorpora la visa de oportunidad laboral -denominada como "turismo laboral" por el Gobierno-, pero hay otras ideas polémicas para los parlamentarios, como la defensa de los derechos humanos y el procedimiento de expulsiones que consagra el texto.
En ese sentido, la diputada Catalina Pérez, quien representa a la Región de Antofagasta, cuestionó que "para ejecutar la expulsión se tiene que detener al migrante, y lo que se hace en este proyecto es establecer un régimen de detención extraordinario, y distinto incluso del constitucional, de 48 o 24 horas".
"Acá a una persona migrante la van a poder detener por 72 horas antes de sacarla del país", remarcó la presidenta de RD, planteando a los parlamentarios si "¿les parece razonable que una persona esté en custodia policial (por ese tiempo), con todo lo que además el estallido social nos ha demostrado que significa eso?".
Mientras que en su intervención, Diego Schalper (RN) sostuvo que lo primordial en este aspecto "es tener una política clara en materia de expulsiones, incluso en beneficio de los mismos migrantes. Porque yo me imagino, colegas, que ustedes conversarán con los migrantes de sus distritos y les dirán más o menos lo siguiente: 'diputados, por favor hagan una política clara de expulsiones, porque aquellos migrantes que vienen a causar daño al país nos perjudican también'".
"Una política clara en materia de expulsiones, al final del día, también va en beneficio de los mismos migrantes que vienen a hacer una contribución al país", aseguró.
Otro de los artículos que causaron inquietud al aprobarse en esta jornada -y que la Comisión de Gobierno había solicitado rechazar- tiene que ver con la reunificación familiar, que ahora deja fuera de la posibilidad de acogerse a ella a los convivientes de hecho, es decir, podría obligar a las parejas a contraer matrimonio para acceder a esa alternativa.
