El afectado queda protegido "automáticamente" por el Instituto de Seguridad Laboral .
Ministra Blanco entregó detalles de la cobertura.
El Gobierno chileno aseguró este miércoles que quienes resulten heridos en actos terroristas tienen asegurada la atención médica a través de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Así lo señaló la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, al reunirse en el Hospital del Trabajador con Marta Hernández, quien sufrió heridas graves en el atentado con bomba ocurrido el pasado 8 de septiembre en el Subcentro ubicado en el metro Escuela Militar.
La explosión dejó un total de 14 heridos y Marta Hernández, trabajadora del aseo en el lugar afectado, fue una de las personas más afectadas, con pérdida de dedos de una mano y contusiones graves, por ser quien estaba más cerca del basurero en que los autores dejaron la bomba.
"El caso de Marta es el más grave que tuvimos con ocasión del bombazo. Quisimos venir a verla porque nos interesa que tenga la certeza que ella y todos aquellos que han resultado lesionados en este acto terrorista están cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo", afirmó Blanco.
Cobertura de la ley
La mujer fue dada de alta el pasado lunes pasado y hoy fue a una sesión de terapia en el Hospital del Trabajador, donde la visitó la ministra, quien explicó que la protección de las víctimas funciona incluso si su empleador no está asociado a una Mutual de Seguridad.
En este último caso, el afectado queda protegido "automáticamente" por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), que es el servicio estatal que presta todas las coberturas para accidentes del trabajo", indicó Javiera Blanco.
Agregó que en el caso de Marta Hernández, este seguro también incluye las atenciones que recibió mientras estuvo ingresada en una clínica privada, después del atentado.
También estará protegida "en las prestaciones médicas que tendrá en el futuro, hasta su total recuperación", afirmó.
Este martes, el Juzgado de Garantía formalizó a tres sospechosos del atentado del 8 de diciembre y de otros ocurridos en Santiago en los últimos meses, que fueron detenidos la semana pasada por la policía.
Dos de los imputados, Juan Flores y Nataly Casanova quedaron en prisión preventiva y el tercero, Guillermo Durán, en arresto domiciliario nocturno con orden de arraigo (prohibición de salir de Chile) por orden del juez, René Cerda, quien dio a la Fiscalía diez meses de plazo para completar la investigación.
