Previo pago de dinero, Wanda Romero presenciaba y ayudaba a que un sujeto ultrajara a la niña.
Fue sentenciada por delitos reiterados de violación y facilitación de la prostitución infantil.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Wanda Virginia Romero Eissmann a las penas efectivas de nueve y cuatro años de presidio, en calidad de autora de los delitos reiterados consumados de violación y promoción o facilitación de la prostitución.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en reiteradas ocasiones, desde 2015 y hasta junio de 2017, en distintos departamentos del edificio ubicado en calle San Isidro 45, comuna de Santiago, Wanda Romero aprobó la explotación sexual de un hija, previo acuerdo económico con un hombre.
"Un sujeto violó a la menor de edad nacida el 17 de febrero de 2003, lo cual ocurría en presencia y con la ayuda de Romero Eissmann, quien además de recibir dinero por estos hechos, es la madre de la menor afectada. La última vez que ocurrieron estos hechos fue el día 28 de junio de 2017", informó el sitio web del Poder Judicial.
Este caso se conoció hace poco más de un año, en agosto de 2017, y causó impacto a nivel nacional. El autor de la violación fue Luis Salinas Herrera, un hombre de 45 años a quien, según informaba la PDI, "compró la virginidad" de la niña en un millón y medio de pesos.
Un hecho que causó sorpresa e indignación adicional fue que, sólo tres meses antes de ser detenida, Wanda Romero postuló al concurso "Súper Madres de Chile", que realizó el filántropo Leonardo Farkas, grabando un video para contar su historia de esfuerzo y el cuidado abnegado que brindaba a sus dos hijas.
Penas adicionales
En fallo unánime, el Cuarto Tribunal Oral aplicó, además, a Romero Eissmann las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
Asimismo, Romero Eissmann deberá cumplir las accesorias especiales de privación de la patria potestad, a la de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que designa la ley y de sujeción y vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal; además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de la sentenciada para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
