El fuego calcinó el 100% de la infraestructura ad portas del inicio del año escolar.
Pese a que el tribunal declaró ilegal la detención, la Fiscalía logró formalizar a los menores.
Un incendio consumió en su totalidad las dependencias del Colegio Bicentenario en el sector de Alerce de la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, dejando a una comunidad de 200 alumnos sin su establecimiento educacional.
El siniestro, registrado en el kilómetro 3 de la ruta Camino a la Colonia, destruyó el 100% de la estructura, lo que motivó un despliegue inmediato del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.
"Del trabajo científico del sitio del suceso se están realizando diligencias pertinentes a determinar el origen y causa y respecto a ello se informará directamente al Ministerio Público los resultados de esta indagatoria", señaló el teniente Manuel Angulo, jefe de Labocar de la Prefectura Llanquihue.
En el marco de las indagatorias, la Fiscalía anunció la detención de cuatro adolescentes presuntamente vinculados al incendio, logrando además la recuperación de diversas especies que habrían sido sustraídas del colegio.
Sin embargo, el proceso judicial tomó un giro inesperado durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, donde el tribunal declaró ilegal la detención de los jóvenes.
El magistrado argumentó que el procedimiento policial no se ajustó a los estándares establecidos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, cuestionando la forma en que se llevó a cabo la captura.
Pese al revés judicial por la ilegalidad de la detención, la fiscal Ana María Agüero procedió con la formalización de los cuatro imputados por los delitos de robo en lugar no habitado e incendio.
La persecutora solicitó la medida cautelar de internación provisoria, argumentando la gravedad de los daños y la presunta participación directa de los menores en la destrucción del establecimiento.
"Procedimos a formalizar a cuatro imputados adolescentes por sus presuntas participaciones en un delito de robo en lugar no habitado y posterior incendio, hecho que afectó a un establecimiento educacional (...) y cuyas dependencias terminaron completamente calcinadas", explicó la fiscal tras la audiencia.
No obstante, el tribunal rechazó la petición de internación provisoria, decretando en su lugar medidas cautelares de menor intensidad. Los adolescentes quedaron sujetos a un programa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y bajo la medida de arraigo nacional, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad.
Ante esta resolución, la Fiscalía presentó una apelación y un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, buscando revertir la decisión del juzgado y asegurar una medida más gravosa para los imputados.
Mientras se desarrolla la investigación, para la cual se fijó un plazo de 120 días, la preocupación se traslada ahora al ámbito educativo.
Autoridades locales y directivos del establecimiento sostuvieron reuniones de emergencia para coordinar la reubicación de los 200 alumnos afectados, ante la inminencia del inicio del año escolar.
