La iniciativa fue respaldada de forma unánime, con apoyo transversal, y busca elevar a rango constitucional el rol de seguridad de la institución penitenciaria.
El proyecto genera debate por el fin de las asociaciones gremiales, medida que el Gobierno defiende como un límite legítimo en democracias modernas.
Con apoyo transversal y una votación unánime en general, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el proyecto de reforma constitucional que busca cambiar la dependencia de Gendarmería, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, con la intención de que la iniciativa quede despachada antes del cambio de mando.
Aunque a la sesión asistieron solo seis de los trece integrantes de la comisión, todos respaldaron la propuesta y fundamentaron su voto en la crisis estructural que atraviesa el sistema penitenciario.
El diputado socialista Leonardo Soto afirmó que "Gendarmería ha sido llevada al límite en todos los ámbitos. Han habido fugas que son impresentables y caso Apocalipsis golepeó fuertemente a todos los chilenos", mientras que desde RN, Andrés Longton sostuvo que los recientes escándalos evidencian un punto de quiebre.
"Muchos o varios de ellos están involucrados en graves delitos y eso me parece una razón lo suficientemente relevante para decir que estamos en un punto de inflexión", dijo el diputado RN.
En la misma línea, la presidenta de la comisión, la diputada frenteamplista Javiera Morales, reconoció los costos de la reforma, especialmente en materia de derechos laborales.
"Yo soy una parlamentaria de izquierda, defiendo la libertad sindical y el derecho a sindicalizarse, y por eso me duele saber que esta reforma va a destruir un esfuerzo sindical que se ha construido por tantos años", señaló, aunque añadió que "la seguridad de los países requiere a veces medidas dolorosas".
La iniciativa propone que la labor de reinserción social permanezca en el Ministerio de Justicia, mientras que la función de seguridad se eleve a rango constitucional, equiparando a Gendarmería con Carabineros y la PDI como fuerza de orden y seguridad.
Uno de los efectos prácticos más controvertidos es que ya no podrían existir asociaciones gremiales, lo que ha generado fuertes críticas desde los funcionarios.
Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), defendió la constitucionalidad de la medida y advirtió que "todos los sistemas democráticos occidentales y modernos establecen la posibilidad de restringir derechos bajo ciertos supuestos: la seguridad nacional, la salubridad pública o el interés nacional", explicando que, según el diseño institucional, "las fuerzas armadas y de orden no tienen la posibilidad de asociarse porque es un límite legítimo al derecho de asociación".
Desde el Frente Penitenciario, el abogado y académico Augusto Quintana cuestionó que, una vez aprobada la reforma, "la voz de los funcionarios ya no será escuchada" en la discusión de futuras leyes y estatutos que afecten directamente a Gendarmería.
Además, alertó sobre la falta de claridad respecto a los eventuales cambios en materias remuneracionales y previsionales, similares a los regímenes de Carabineros y la PDI.
El plazo para ingresar indicaciones vence este jueves, las que serán analizadas y votadas el martes en la comisión, con miras a un despacho total que permitiría que el proyecto pase a la Sala la próxima semana.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere un quórum más exigente para su aprobación definitiva.
