El diputado DC explico la excepción que hicieron a la prohibición de aportes de empresas.
La indicación permite que los partidos reciban hasta 500 UF de personas jurídicas al año.
El diputado Chahín aseguró que la excepción será regulada y precisada por el Estado.
Este lunes se discutirá el proyecto del Gobierno sobre fortalecimiento de la democracia en la Cámara de Diputados, el que busca prohibir aportes de empresas o personas jurídicas a campañas políticas y partidos.
La discusión estará marcada por el cambio al texto original, debido a una indicación aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara, que permite los aportes de empresas a los partidos políticos por un monto máximo de 500 UF al año (unos 12.500.000 pesos), a pesar de que originalmente el proyecto prohibía absolutamente que los partidos reciban aportes de personas jurídicas de cualquier naturaleza, sea cual sea el fin del aporte, prohibición que impulsaría un sistema de financiamiento estatal.
Frente a las críticas que ha generado esta modificación, el diputado DC Fuad Chahín, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, explicó en El Primer Café los motivos que llevaron a generar esta nueva indicación, aclarando que la modificación le da cabida a excepciones legítimas.
En esta línea, Chahín indicó que al interior de la Comisión "prohibimos absolutamente los aportes de las empresas, de las personas jurídicas a las campañas, ya sea directamente a los candidatos o a través de los partidos".
Mientras que, "respecto del financiamiento de actividades permanentes de los partidos como formación, no somos partidarios de que exista un financiamiento de las empresas". Sin embargo, "planteamos este punto y lo apoyamos porque no estaba bien resuelto en este proyecto".
Regulación del caso
"Era una situación imposible si es que aprobábamos el proyecto tal como estaba", debido a que "muchos partidos, para evitar la confiscación de sus bienes (durante la dictadura) o una vez que se confiscaron estos bienes y algunos de ellos fueron devueltos, se traspasaron a sociedades inmobiliarias. Esos inmuebles son de los partidos políticos, pero jurídicamente están en sociedades inmobiliarias", detalló el parlamentario.
Aclaró además que "los frutos de esos bienes como las rentas de arrendamiento van a los partidos", por ende, "si se aprobaba el proyecto tal y como estaba -una prohibición total y absoluta- todas estas inmobiliarias, que lo que hacen es administrar bienes que son única y exclusivamente de los partidos políticos, no van a poder ni traspasar los bienes ni traspasar los frutos de esos bienes".
Razón por la cual, explicó el diputado, quisieron buscar "una solución con el compromiso -como está expresamente en el acta-, como se comprometió efectivamente el Ejecutivo, a regular bien esta situación, con mucha precisión".
Asegurando que esa mejora a esta indicación, en la que se compromete la especificación del caso, será aplicada "más adelante en este proyecto o en la ley de partidos políticos", postergándolo ahora "porque no queríamos seguir demorando el despacho de la Comisión de este proyecto, porque era urgente".
Debate de la indicación
Asimismo, el diputado aclaró que "esta fue una indicación que nace de Cristián Monckeberg (RN) y que apoyamos algunos de nosotros, a mí me pareció que era razonable plantear este punto, pero quien hizo uno de los alegatos que generó mayor calidad sobre este punto, fue Aldo Cornejo (DC), porque dio el ejemplo concreto de las inmobiliarias".
Añadió que "la UDI, como no están en esta situación, porque a ellos no les confiscaron bienes durante la dictadura, no tuvieron que buscar una manera de que estos bienes no estuvieran a nombre de los partidos, ellos votaron en contra".
"Con esta prohibición total y absoluta, lo que hacían era por la vía legal volver a confiscar los bienes porque no iban a poder volver a los partidos y eso había que solucionarlo", con lo que "el compromiso del Gobierno nos deja tranquilos", sostuvo.
En la comisión de Constitución "aprobamos que todos los aportes (de personas naturales) sean públicos, independiente de su monto o de quien los haga, por lo tanto estamos absolutamente claros y de acuerdo en que no tiene que haber aportes de empresas a las campañas ni al financiamiento regular de los partidos, salvo estos casos de las sociedades relacionadas con los partidos, que hay que definir bien", reiteró el legislador.
