Se apunta a que ciudadanos con condenas por delitos simples opten a cargos técnicos y profesionales.
El proyecto excluye explícitamente a quienes sean autores de delitos graves.
La iniciativa se enmarca en el Proyecto +R.
"Como Estado tenemos que dar el ejemplo". Así explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el proyecto de ley con que el Gobierno busca que personas con antecedentes penales por delitos simples, con condenas ya cumplidas, puedan postular a trabajar en la Administración Pública, en grados profesionales o técnicos.
En 2013 se promulgó la ley que permitió acceder a cargos auxiliares y administrativos a personas que, cumpliendo los demás requisitos legales, hubiesen cumplido una condena por delito simple.
Así, ahora se busca ampliar la normativa, para cargos tanto en el nivel de gobierno central como en las administraciones municipales.
La iniciativa se enmarca en el Proyecto +R que impulsa el Gobierno, que busca generar una alianza público-privada, para que las empresas ayuden en la reinserción de las personas que hayan estado privadas de libertad, generándoles cupos laborales de un año, luego de cumplir con la capacitación respectiva al interior de recintos penitenciarios.
"Con esta reforma presentada, nos comprometemos como Estado en la tarea de la reinserción social de personas que han cometido delitos", agregó el ministro.
La normativa que deberá revisar el Congreso excluye a aquellas personas que hayan cometido delitos graves, como homicidio, parricidio, violación, asaltos, entre otros.
Además, se busca incentivar a personas con antecedentes, para que estudien una carrera técnica o profesional, para acceder a un trabajo de calidad que les permita rehacer sus vidas.
