La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el jueves un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno "la entrega de recursos económicos que vayan en directa ayuda de locatarios y pequeños y medianos comerciantes establecidos en las denominadas zonas cero del estallido social".
La iniciativa, impulsada por la UDI, tuvo 72 votos a favor, 29 en contra y 20 abstenciones.
Quienes se opusieron y abstuvieron fueron parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes afirmaron que el proyecto busca "criminalizar el movimiento social".
El proyecto de resolución fue aprobado con 72 votos a favor, 29 en contra y 20 abstenciones.
"Me parece insólito, me parece un menosprecio a Chile, un menosprecio al trabajo -a aquellos que quieren levantar a Chile- el que hayan votado en contra algunos parlamentarios de mi zona y, en general, parlamentarios de extrema izquierda", reaccionó el diputado RN José Miguel Castro.
"Es triste ver cómo las ideologías no alcanzan y no dan real respuesta a los que han sufrido, a los que no se han podido levantar", agregó el parlamentario, que expresó "total rechazo a esta votación en contra, pese a que el proyecto fue aprobado".
LOS PÁRRAFOS DE LA DISCORDIA
En su contenido, el proyecto de la UDI solicita a Piñera la "asignación de recursos económicos a todas aquellas pequeñas y medianas empresas víctimas de saqueos y destrozos durante el estallido social".
"Vimos un proceso de romantización de la violencia, donde se ensalzó el uso de la misma como una expresión válida de la lucha social y una manifestación de descontento aparentemente justificado", indica el escrito (ver archivo adjunto).
"Esta Corporación ha decidido tramitar un proyecto de ley que -inadmisible- busca establecer un procedimiento abreviado para la reparación de 'víctimas' en el contexto de estallido social", cuestiona el texto, agregando que "ese proyecto de ley ha pasado a segundo trámite constitucional, y, en un acto de discriminación absoluta, ha considerado víctimas aquellas que, afines a los partidos de izquierda, han participado en actos de violencia durante el estallido".
"Este Congreso ha decidido indultar e indemnizar a violentistas y delincuentes, mientras que las verdaderas víctimas de este estallido, siguen encerrados en sus casas por las manifestaciones constantes que se realizan en las zonas cero, o bien, han bajado para siempre las cortinas de sus locales comerciales. Urge, en este sentido, la adopción de medidas económicas tendientes a la reparación de las verdaderas víctimas del estallido", cierra la propuesta gremialista.
PC Y FA JUSTIFICAN SU POSICIÓN
Desde el PC, el diputado Daniel Núñez explicó: "Los comunistas hemos apoyado y defendido a las pymes y seguiremos promoviendo todo tipo de medidas y políticas para que ellas puedan desarrollarse y surgir".
Sin embargo, "el proyecto de resolución que presentó la UDI tenía una serie de 'considerandos' donde cuestionaba la reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos y también se manifestaba en contra del indulto a los presos de la revuelta social... Por lo tanto nosotros rechazamos ese proyecto de acuerdo", dijo Núñez.
Su par Diego Ibañez, de Convergencia Social, que también votó en contra de la iniciativa, comentó: "Como Frente Amplio hemos empujado diversas medidas en beneficio de la microempresa y de la pequeña empresa en pandemia y también durante la revuelta social".
"El proyecto que presenta la derecha -que es una recomendación al Ejecutivo- plantea, entre sus antecedentes, la criminalización de la protesta social y una restricción al ejercicio de el legítimo derecho a la protesta. Desde ahí que nosotros creemos que no es correcto aprobarla, en la medida que es una recomendación al Ejecutivo que trae entre sus antecedentes la criminalización de un derecho humano, que es el derecho a la manifestación", aseguró el diputado frenteamplista.
