La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad y despachó al Senado el proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias.
La iniciativa busca que quienes integren esta base de datos sufrirán una serie de consecuencias para imposibilitar al deudor de pensión de alimentos a diferentes prestaciones, tanto públicas como privadas.
En detalle, el proyecto busca incluir al registro aquellas personas que deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas; al solicitar un crédito bancario, se retendrá parte de los fondos para pagar la deuda, como también estará la retención en el proceso de devolución de impuestos y en el Conservador de Bienes Raíces, en caso que el deudor venda un inmueble.
A esto se suma la imposibilidad de obtener licencia de conducir ni pasaporte, como tampoco podrá recibir beneficios por parte del Estado, entre otras medidas.
"Es una herramienta que busca terminar con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones, a todos quienes tengan deudas de alimentos. Esto significará dar un giro radical en la forma en que se hacen las cosas, puesto que la evidencia indica que las sanciones de arresto para los deudores de alimentos no son efectivas", indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Según datos del Poder Judicial, casi un tercio de las causas que conocen los Tribunales de Familia corresponde a pensión de alimentos y que, históricamente, el sistema de cobros se ha movido desde la lógica de las sanciones, como el arresto, lo que en la práctica no incentivan al pago de las pensiones.
