La iniciativa fue desarrollada por el UDI Jorge Ulloa y el RN Mario Bertolino.
"Esta es la verdadera derecha, la que intenta defender los horrores de la dictadura", dijo el diputado René Saffirio.
El diputado de la UDI Jorge Ulloa (en la foto), junto al RN Mario Bertolino, son los impulsores del proyecto.
Los diputados de la Alianza Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) ingresaron este martes al Congreso un proyecto que busca remitir las penas que cumplen los condenados por diversos delitos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, además de otorgar la libertad provisional para los procesados por estas causas.
La iniciativa, que beneficiaría a militares y civiles condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, indica en su fundamentación que "un grupo de personas, sistemáticamente se les vulnera las garantías de un justo y debido proceso, siendo estas el personal civil y militar, activo o en retiro de las fuerzas armadas y de orden procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990".
"A ya casi 40 años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, en el ejercicio legítimo de la función legislativa, presentamos éste proyecto, que permita el restablecimiento de las garantías para aquellos que enfrentan un proceso o que ya cumplen condena", añade la formulación del proyecto, el que además consta de siete artículos.
"Aberrante e inaceptable"
La idea encontró un inmediato rechazo en los parlamentarios de la Democracia Cristiana, quienes lo calificaron como "aberrante e inaceptable".
El jefe de bancada de la DC, el diputado Ricardo Rincón, agregó que "esta es la verdadera derecha, la que permanentemente intenta defender los horrores de la dictadura".
A su vez, el diputado René Saffirio precisó que "el país debe y merece saber que está fraguando la derecha con un proyecto como éste; es aberrante y sin pudor alguno, se saltan todas las instancias establecidas en nuestra legislación para obtener beneficios, otorgando, de pleno derecho, la remisión de la pena, incluso otorgando beneficios directos y express para los procesados".
La polémica iniciativa será vista por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
