Los partidos políticos que firmaron el acuerdo constituyente acordaron la dieta de los participantes de este proceso, además se definió que los expertos del Consejo Constitucional tengan título técnico o universitario, como también al menos 10 años de experiencia.
Esto se resolvió en una reunión en el Congreso, donde participaron representantes de todo el espectro político, en cuya instancia se determinó que la dieta de los 50 consejeros constitucionales sería de 60 UTM, es decir, cerca de 3,6 millones de pesos; los 24 miembros de la Comisión Experta tendrán un sueldo de 30 UTM (1,8 millones de pesos aproximadamente), mientras que a los 14 juristas de la Comisión Técnica de Admisibilidad se les pagarán 10 UTM (más de 600 mil pesos) por sesión, con un máximo de tres sesiones al mes, según consignó La Tercera.
El abogado y dirigente de la UDI, Máximo Pavez, quien ha participado en el proceso de redacción, explicó que "el árbitro es eventual, entonces puede ser que no sesione nunca a que sesione mucho, entonces el criterio que adoptamos es el que todos los consejos tienen, es decir, usted le pone una remuneración por sesión hasta un máximo, para que nadie esté sesionando a propósito y de manera injustificada".
Sobre los requisitos para ser expertos, los 24 miembros de esta comisión deberán tener al menos 10 años de experiencia y se les exigirá tener título universitario o técnico, mientras que los 14 abogados del comité técnico deberán tener al menos 12 años de experiencia profesional y un título universitario, similar a los requisitos que tienen los abogados integrantes de las cortes.
En tanto, se fijó que todos los integrantes del Consejo Constitucional, los expertos y los juristas no podrán participar de ninguna de las elecciones que quedan del actual ciclo electoral (elecciones municipales de 2023, o las parlamentarias y presidenciales de 2025).
En esta línea, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, criticó que "uno no puede estar de acuerdo con la restricción de derechos civiles en ninguna condición y prohibirle, a la gente que participe de este proceso, ser candidata hasta el 2025 me parece extremo. Creo que va a haber delincuentes rematados que van a tener derechos civiles más que la gente que participa en el diseño y en escribir la nueva Constitución. Es solo un cálculo electoral... esas cuestiones son las que van a dificultar la conversación".
Acerca de los escaños reservados, se acordó que serán proporcionales a la votación total obtenida a nivel nacional y el margen mínimo de elección será del 1,5% de los votos, por lo que se estima que los pueblos originarios deberían obtener al menos dos escaños.
En cuanto a la paridad, el asunto sigue pendiente y no se ha especificado la regla para implementarse.
Se prevé que la moción parlamentaria ingrese esta jornada por el Senado de manera de cumplir con los plazos que permitan tener una elección en abril del próximo año y porque, según explicaron las y los parlamentarios, se cree que ahí la tramitación sería más expedita.
