El ente fiscalizador realizó una investigación al proyecto llamado "Justicia Social 1" y verificar que este cumpla con las condiciones técnicas.
Se constaron seis observaciones, entre ellas, cambios en las licitaciones y cuestionamiento a quienes recibieron este beneficio.
La Contraloría General de la República entregó las conclusiones de la auditoría que realizó a los procesos de licitación de la denominada "inmobiliaria popular" de la Municipalidad de Recoleta y que fue impulsada por el alcalde y precandidato presidencial comunista, Daniel Jadue.
El informe final tiene como objetivo "efectuar una revisión" al proyecto llamado "Justicia Social 1" y verificar que este cumpla con las condiciones técnicas del Ministerio de Vivienda, como también el proceso de licitación y ver cómo se realizó la selección de beneficiarios; por el cual se hicieron seis observaciones al municipio y otras tres al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Por todo esto la Contraloría pidió iniciar un procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, cuyas conclusiones fueron publicadas por La Tercera.
La primera observación fue de carácter técnico, ya que la Contraloría detectó que el municipio empezó a construir en el año 2017 sin contar con una certificación del Serviu, la que llegó un mes después del inicio, por lo que se ordenó a Recoleta "ceñirse estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa" en el futuro.
La investigación administrativa agregó, en otras de sus observaciones, una revisión de contrato de las obras, ya que fue recepcionado con observaciones que debían ser resueltas en el año 2020, pero no se hizo, y que, según la Dirección de Obras de Recoleta, al 3 de septiembre de 2020, la empresa aún tiene proyectos pendientes.
En tercer lugar, el ente fiscalizador menciona un cambio de precios de la propuesta pública para el proyecto inmobiliario, ya que se aumentaron las "partidas referidas a la estructura de hormigón de la obra gruesa, y disminuyendo las relativas a la habilitación", lo que no está en el contrato y se "vulneró el principio de estricta sujeción a las bases" ya que "se alteraron las condiciones fijadas en la presentación de las ofertas y de ejecución del contrato". La Municipalidad respondió y reconoció el hecho, pero sus representantes argumentaron que los cambios "no significaron una modificación del precio del contrato".
Desde Recoleta respondieron y señalaron que "las obras contratadas y ejecutadas se ajustan a la normativa municipal, contó con los permisos y recepciones legales que ella exige y las familias beneficiadas han cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio para este proyecto".
Las otras tres observaciones de la auditoría son en referencia a la asignación de los departamentos y cómo se efectuó esa selección, ítem en que se detectaron personas que no tenían el subsidio arriendo para ser parte del proyecto, por lo que se "infringe la normativa del programa", y se detectaron diferencias con la información recabada y ponderaciones para otorgar el beneficio.
Además, agrega el documento, "se verificó que el municipio acordó como renta de arrendamiento de 28 departamentos -el 75,7 por ciento de un total de 37- un monto menor a las 3,5 UF (104 mil pesos al valor de hoy) establecidas en la normativa que rige el programa habitacional y el Plan de Administración del inmueble, elaborado por la misma entidad edilicia, sin que además exista una autorización formal por parte del Serviu Metropolitano que aprueba tal rebaja, según lo exige el marco regulatorio".
