Cinco de los siete aspirantes participaron en el foro, y coincidieron en la necesidad de una autoridad central para gestionar los recursos y dar un enfoque de cuencas a la gobernanza.
El espacio no contó con la presencia de Eduardo Artés (Unión Patriótica) ni José Antonio Kast (Partido Republicano).
En medio de la megasequía que afecta a Chile desde hace más de una década, cinco de los siete candidatos presidenciales abogaron este jueves por cambiar el modelo de agua, cuyo origen se remonta a la economía neoliberal instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en un debate televisado organizado por el canal La Red.
La escasez hídrica, la débil gobernanza y la necesidad de una descentralización de la institucionalidad que gestiona el recurso fueron algunos de los temas tocados -de forma telemática- por Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) y Franco Parisi (Partido de la Gente).
El espacio no contó con la presencia de Eduardo Artés (Unión Patriótica) ni José Antonio Kast (Partido Republicano), que se excusaron por incompatibilidad en su agenda.
"Yo no tengo ninguna duda de que el cambio en esta materia es urgente, que la crisis hídrica es una realidad ineludible y que la prioridad de nuestro Gobierno va a ser asegurar el agua para las personas y los ecosistemas. No vamos a mantener el actual sistema de otorgamiento de propiedad sobre los derechos de agua", dijo Boric, quien va primero en las encuestas.
"Hoy día existe una institucionalidad hídrica que está al servicio de la industria extractiva y que no se corresponde con la disponibilidad hídrica real. De las 101 cuencas que tenemos, más de 90 están absolutamente sobreexplotadas", apuntó el diputado frenteamplista.
Provoste, por su parte, afirmó que "la primera prioridad es entregar soluciones de agua potable y saneamiento rural. En el acceso al agua, nuestro principal foco son las personas".
"No nos cabe la menor duda de que la propuesta de la Convención Constitucional, que se plebiscitará en un poco tiempo más, se va a referir al agua, al menos, como un derecho humano y probablemente como un bien nacional de uso público, un recurso natural que tiene que ser objeto de una protección adecuada de todos", sostuvo la democratacristiana.
"Nos parece muy importante avanzar en la ley de glaciares. Tenemos que ser capaces de cuidar nuestras reservas de agua", expuso también la senadora.
En tanto, el abanderado oficialista y ex ministro de Desarrollo Social del actual Gobierno, Sebastián Sichel, defendió la necesidad de "avanzar en el proyecto que crea la subsecretaría del agua, pero además avanzar en la creación de una agencia independiente que administre el agua. No hay instituciones poderosas para generar políticas públicas".
En ese sentido, abogó por impulsar "más facultades que se integren al Código de Aguas, para que la autoridad limite, regule, este derecho en la medida que se priorice el consumo humano".
A su turno, Enríquez-Ominami propuso "una expropiación cuando se demuestre que hay derechos de agua que no se están utilizando. Con el agua no se juega".
Además, se mostró partidario de construir "ciudades esponjas", señalando que "hay muchas medidas concretas que hacer en materia de contención y recuperación del agua".
Parisi, a su vez, aseguró en el debate —el primero que contó con su participación— que el consumo humano del agua será la prioridad y el uso agrícola el segundo, afirmando que hay que cuidar el recurso "de verdad".
"¿Concesión con caducidad? Sí. Ahora, de todas maneras", aseveró el economista.
En el debate, se identificaron dos grandes coincidencias entre la mayoría de los candidatos: la necesidad de unificar los diversos organismos que actualmente tienen injerencia en las decisiones sobre el agua, sea a través de un ministerio, una subsecretaría o bajo el concepto de una "Autoridad Nacional del Agua"; y dar un enfoque de cuencas a la gobernanza de los recursos hídricos.
Los candidatos también fueron consultados sobre las medidas que tomarían en torno a la escasez hídrica en sus eventuales primeros 100 días de Gobierno.
Parisi dijo que su prioridad estará en "fiscalizar", sosteniendo que, a su juicio, la Dirección General de Aguas (DGA) "no lo está haciendo". "Vamos a poner todos los recursos que se necesiten para fiscalizar y terminar esta guerra de agua que hay en el sector agrícola. Es una guerra", indicó.
Enríquez-Ominami, por su parte, afirmó tener "esperanzas en el proceso constituyente", esperando que el órgano a cargo de redactar la nueca Carta Magna reconozca "el derecho al agua y al agua saneada".
Mientras, Sichel dijo que la prioridad será "primero lanzar el Desafío Sequía, liderado por el Ministerio de la Ciencia e Innovación, donde, tal como en el siglo pasado Estados Unidos quiso llegar a la Luna, como país nos pongamos un gran desafío para combatir la sequía".
Provoste sostuvo que "la primera prioridad de nuestro Gobierno en materia de infraestructura hídrica será acelerar significantemente las soluciones de agua potable rural", prometiendo "duplicar el financiamiento de agua potable rural para abastecer con más velocidad a las más de 380.000 familias" que hoy no tienen acceso a este sistema.
Finalmente, Boric subrayó que quiere firmar el Acuerdo de Escazú "ahora". "En segundo lugar, queremos recuperar los derechos de agua que no están siendo utilizados. Y en tercer lugar, fortalecer el marco regulatorio de los sistemas sanitarios rurales como una forma que sea concreta de atacar el problema de abastecimiento que existe", añadió.
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