Viera-Gallo afirmó que el ente no tiene autoridad ante dichos y actuaciones políticas de los ministros.
Chadwick en tanto sostuvo que se vulnera la ley cuando un ministro opina sobre su candidato.
La Moneda respondió a la Contraloría por la acusación de intervencionismo electoral que fundamentó la Alianza contra ministros Estado el pasado 6 de octubre y pidió al ente fiscalizador que desestime la denuncia.
En un escrito de dos páginas, el Gobierno se defendió por las acusaciones contra Carolina Tohá, Mónica Jiménez, Marigen Hornkohl, Sergio Bitar y José Antonio Viera-Gallo, quien además sostuvo que la Contraloría no puede ir más allá de sus atribuciones.
"Imagínese lo grave que sería en un régimen presidencial que el Contralor comenzara a ir mas allá de lo que son sus atribuciones. Puede ser que haya aspectos en las funciones de los ministros que pueden ser controladas por la Contraloría, pero en lo que refiere en sus dichos políticos y su actuaciones políticas, para eso existe el juicio político cuando hay infracción a la ley", indicó.
Para el Gobierno lo improcedente de la petición de la Alianza se fundamenta en que los ministros no son funcionarios públicos y que en el ejercicio de sus funciones tienen que hacer necesariamente declaraciones políticas.
En tanto, la parte acusadora replicó a través del senador UDI Andrés Chadwick, quien pidió al ministro secretario general de la Presidencia que no presione a la instancia contralora y que deje que "las instituciones funcionen".
"No se trata de declaraciones políticas, sino que declaraciones electorales que han realizado ministros, las que no se pueden hacer en horario de trabajo y con bienes públicos declaraciones que favorezcan una campaña electoral", indicó.
Además señaló que para su sector se vulnera la ley cuando un secretario de Estado opina sobre el candidato de su conveniencia en oficinas públicas y en horario de trabajo.
