El recurso judicial fue declarado admisible y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
La legisladora señaló que no cederá "ante las presiones cobardes y anónimas".
La senadora Fabiola Campillai (independiente), acompañada por los senadores Alvaro Elizalde (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Claudia Pascual (PC), denunció una campaña intimidadora y de amenazas en su contra.
La legisladora reveló que desconocidos, a través de Tik-Tok difundieron videos con contenidos falsos con intención de desacreditarla respecto a su calidad de víctima en el marco de las graves lesiones que sufrió en noviembre de 2019 cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro.
Los ataque a traves de redes sociales aumentaron luego de que el excapitan Patricio Maturana fuera condenado como autor del ataque sufrió la senadora durante el estallido social.
Esta acción judicial busca marcar un precedente ante la búsqueda y condena de responsables de atentados contra la autoridad para que, independiente del sector político no se nos siga intimidando por estos medios digitales u por otros. pic.twitter.com/QLWa1hR16t
— Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) September 29, 2022
A través de un comunicado, Campillai señaló que no cederá "ante las presiones cobardes y anónimas de quienes por la vía del desprestigio personal buscan revertir una decisión adoptada por los Tribunales de Justicia".
"Han intentado atacarme con mentiras hacia un juicio que ya terminó, con la condena de la persona que me daño. Interpuse una querella por atentado contra la utoridad contra quienes resulten responsable, para poder terminar con este clima de campañas de odio que a nuestro país no le hacen bien; hoy tenemos que estar unidos hacia esas campañas... Hacia uno u otro sector. Han intentado, en democracia, denostar a este poder del Estado", agregó.
La senadora interpusta una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía local para que la justicia detenga a quien resulte responsable de este "atentado contra la autoridad".
El recurso judicial fue declarado admisible y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
