El contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías Tapia, ordenó abrir un sumario contra el delegado presidencial de la capital, Felipe Guevara, por un eventual conflicto de interés luego de que se le adjudicara un contrato por más de 6.770 millones de pesos a su hermano, Matías Guevara Stephens.
Según publicó La Tercera, el objetivo de la investigación es determinar la existencia de eventuales faltas a la probidad en la adjudicación del millonario proyecto del Polideportivo San Gregorio en La Granja, cuya construcción quedó a cargo de la sociedad denominada Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la Empresa Constructora Lima y el constructor civil Matías Guevara.
Asimismo, busca constatar por qué dicho municipio, a cargo del alcalde Felipe Delpin (DC), siguió adelante con la adjudicación, aunque ya se había dado orden de dejarla sin efecto justamente por el parentesco entre el ex intendente y uno de los favorecidos.
La Contraloría tomará acción después de que el 13 de septiembre, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, solicitara al ente abordar la situación, ya que Constructora Lima abandonó abruptamente las obras de la etapa uno del polideportivo cuando tenían solo un 52 por ciento de avance, algo que el falangista consideró "indignante e inaceptable" al inspeccionar la paralización en terreno el 9 de septiembre, y apuntó directamente al rol de Felipe Guevara en esta licitación, que cuenta con más de 4.000 millones de pesos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Este jueves, Orrego hizo hincapié en que fue el ex intendente quien "autorizó al final la adjudicación por parte del municipio, y eso nos parece grave; una autoridad no debería aparecer beneficiando directa o indirectamente a una persona tan cercana como un hermano".
"No somos jueces, simplemente detectamos algo que presumiblemente podría ser una falta o un delito, y se lo enviamos a la Contraloría para que lo sancionara. Ahora, si ellos determinan que los antecedentes son suficientemente graves como para iniciar un sumario directamente para detectar faltas a la ley de probidad, me parece que es lo que corresponde", afirmó el gobernador regional.
El proceso disciplinario va en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables de una eventual negociación incompatible y otras faltas administrativas a las normas legales que prohíben a los funcionarios públicos tomar parte en materias sobre las que tenga interés personal o involucren a parientes directos, hasta tercer grado de consanguineidad.
EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN
Delpin presentó el proyecto al gobierno regional en enero de 2019, cuando todavía lo encabezaba la hoy ministra Karla Rubilar, y una vez que obtuvo la aprobación para su financiamiento, la Intendencia y el municipio firmaron "un convenio completo e irrevocable" que facultó al jefe comunal a iniciar el proceso de licitación, que según el entorno de Guevara, fue de responsabilidad exclusiva de la alcaldía.
El 4 de octubre del mismo año, más de dos semanas antes de que Felipe Guevara asumiera como intendente, la municipalidad publicó la apertura de la licitación, a la que se presentaron cuatro oferentes, y en enero del 2020, la comisión evaluadora -conformada exclusivamente por funcionarios municipales- propuso a Delpin otorgarle la adjudicación a la Constructora Lima.
Antes de que se encendieran las alarmas por la participación de Matías Guevara en las eventuales obras, el alcalde de La Granja ofició al menos dos veces al entonces intendente respecto al proyecto, ambos textos que mencionaban a la empresa favorecida, y también ambos respondidos sin reparar en la existencia de un conflicto de interés por ninguna de las partes.
En el segundo documento, enviado en marzo del 2020, Delpin emplazó al gobierno regional a pronunciarse sobre la evaluación del proceso licitatorio, paso indispensable para suscribir el contrato con la Constructora Lima. Guevara respondió más de un mes después, tomando conocimiento de la adjudicación de la primera etapa, y ratificó el financiamiento comprometido para la ejecución del proyecto.
LA RESOLUCIÓN OMITIDA POR DELPIN
Según reveló al diario, el ex intendente no notó la irregularidad hasta mediados del 2020: "Uno de los oferentes era mi hermano, que ya no trabaja actualmente en la empresa Constructora Lima", por lo que el 12 de junio pasado se reunió con el contralor, Jorge Bermúdez, "para explicar la situación y solicitar un pronunciamiento para saber si me asistía la obligación de abstenerme o de inhabilitarme de tomar conocimiento de esta adjudicación debido a mi relación de parentesco".
Ese mismo día, Guevara envió a Delpin la resolución exenta 816, que solicitaba dejar sin efecto la adjudicación y volver a foja cero toda la licitación, algo que salvó al ex intendente, puesto que por orden de Bermúdez, el jefe subrogante de la Subdivisión Jurídica del ente contralor, Luis Almonacid, emitió un pronunciamiento el 30 de junio en el que se da por superado el problema.
Sin embargo, el delegado presidencial apuntó que "el alcalde optó por seguir adelante con la adjudicación. Ahora ese es un problema en el que está metido el alcalde y la empresa, y en el que el gobierno regional no tuvo nada que ver", pues la Intendencia nunca recibió una respuesta formal a su resolución. En ese sentido, indicó que "estoy completamente de acuerdo con que Contraloría investigue qué pasó con ese proyecto y por qué se siguió ejecutando por parte del mandante, que era exclusivamente la municipalidad".
Por su parte, Delpin admitió al medio haber recibido el oficio, pero tras consultar a los equipos jurídicos del municipio, siguió adelante con la constructora Lima, ya que según el municipio, los asesores advirtieron que "la licitación ya estaba adjudicada, por lo que si la anulábamos nos arriesgábamos a ser demandados por la empresa constructora a pagos de indemnizaciones millonarias".
Pero durante esta jornada, el alcalde afirmó que "tengo los documentos donde el intendente autoriza que se ejecute la obra, y después, el intendente subrogante ratifica que la obra está bien adjudicada, por lo tanto, cuando se dice que la Municipalidad de La Granja continuó con la obra a pesar de que se le dijo que no, es absolutamente falso, y tenemos todos los antecedentes que nos respaldan".
"La Granja no cometió ninguna irregularidad: los recursos son del gobierno regional, eran cautelados por él, pagaba él, y quien lo presidía era Felipe Guevara Stephens", remató Delpin.
GUEVARA: "NO EXISTE RESPONSABILIDAD DE MI PERSONA EN LOS LAMENTABLES HECHOS"
A través de un comunicado, Felipe Guevara abordó el sumario de Contraloría y afirmó que "no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos".
"Ante la interpretación en la que se pretende vincularme con este proceso de licitación, la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, emitió su pronunciamiento en el oficio N°10416 del 30 de junio del 2020, donde expresamente declara que la situación se encuentra resuelta a la eventual inhabilidad que podría haberme afectado en esa licitación. Por otra parte y en forma paralela a la consulta a la Contraloría, la Intendencia Metropolitana pidió a la Municipalidad de La Granja la revocación e invalidación de dicha licitación, situación que no ocurrió", señaló el delegado presidencial.
"En definitiva, no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos acontecidos en la situación contractual entre la contratista y la Municipalidad de La Granja, la que deberá ser resuelta por las instancia que corresponden y desde ya estoy a disposición de la Contraloría como lo he hecho siempre para poder aportar los antecedentes que desvirtúan dichas acusaciones", añadió a autoridad gubernamental.
