Sabas Chahuán indicó que, por ahora, la información recopilada no arroja ilícito alguno.
Antecedentes han sido recibidos desde Colombia y la Agencia Nacional de Información (ANI).
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| Chahuán pidió evitar los fines electorales. (Foto archivo: UPI) |
El fiscal nacional Sabas Chahuán desechó las acusaciones de chilenos vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo a la información recopilada hasta ahora en la investigación.
Chahuán sostuvo que la denuncia -realizada por el senador RN Alberto Espina y que derivó en la salida del periodista Hugo Guzmán de la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo- se ha contrastado con antecedentes enviados desde Colombia y la Agencia Nacional de Información (ANI), sin resultados.
Los antecedentes "se ampliaron con información de la ANI, se ampliaron en virtud de un acuerdo que firmamos el año pasado con la Fiscalía de Colombia", indicó.
"Se nos enviaron más antecedentes y se han ido paulatinamente chequeando", pero "hasta ahora, de esos antecedentes no existe fehacientemente acreditada la comisión de ilícitos", añadió Chahuán.
El fiscal nacional -quien recalcó que además se cuenta con los antecedentes recopilados por un equipo del Ministerio Público- aseveró de todas formas que "si hay delito, vamos a proceder como siempre".
Asimismo, pidió evitar que las investigaciones en curso ante denuncias de corrupción sean utilizadas con fines electorales por los distintos partidos políticos.
Defendió labor en atentados y familiaChahuán también aludió a las investigaciones de atentados en la Región de la Araucanía, y recalcó que "las investigaciones no son contra los mapuches, son contra delincuentes. Da lo mismo si son mapuches, o extranjeros o chilenos".
"Perseguimos a los delincuentes jurídicamente, para persecución política, vayan a otra parte", añadió.
Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público rechazó las críticas vertidas por la titular del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz y deslizó que la ministra utilizó datos "erróneos".
De acuerdo al jurista, "perseguimos duramente la violencia intrafamiliar, pedimos las mayores penas cuando se puede pedir y utilizamos todas las herramientas del sistema, entre ellas las casas de acogida".
