El Gobierno desalojó este jueves, por segunda vez en ocho días, un nuevo intento de toma en el cerro El Ancla de Antofagasta.
Ya el 26 de octubre la Delegación Presidencial Regional había ordenado la ejecución a Carabineros de la desocupación del terreno fiscal en el que se había levantado de forma incipiente un asentamiento irregular.
Durante el fin de semana largo, el terreno que había sido restituido volvió a ser ocupado y se constató que se había hecho una rápida demarcación en el sector para construir viviendas.
Es por ello que las autoridades regionales decidieron poner en marcha este nuevo desalojo para evitar que se consolidara.
"Las ocupaciones ilegales son un problema que afecta la seguridad y dignidad de las personas y que como Gobierno y como ministerio hemos decidido enfrentar con mayor fiscalización y actuando rápidamente para frenar su expansión", comentó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
El desalojo -liderado por la Delegación Presidencial de Antofagasta, la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya; Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI)- incluyó maquinaria pesada para desarmar las construcciones y retirar los escombros.
Además, se deshabilitó una línea eléctrica que se había instalado de manera irregular.
El operativo se desarrolló de manera tranquila y sin incidentes.
En semanas previas, antes del primer desalojo, se registraron denuncias sobre violencia y amenazas.
"Muchas de estas situaciones se relacionan con mafias que se aprovechan de la necesidad habitacional para estafar a personas con falsas ventas de terrenos que pertenecen a todas y todos y que deben ser utilizados para los diversos fines públicos y sociales", alertó la ministra Toro.
"Por ello, en conjunto con el Ministerio del Interior, las delegaciones presidenciales, las fiscalías y las policías vamos a seguir actuando de manera coordinada para evitar un control territorial que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad", finalizó.
