La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó este viernes el recurso de protección presentado por la comunidad de Puyuhuapi, en la comuna de Cisnes, contra la Empresa Salmón Concesiones XI Región SA debido a la instalación de cuatro balsas jaulas salmoneras a solo 500 metros del poblado en la bahía de la localidad.
Según el fallo del tribunal de alzada coyhaiquino, Salmones de Chile es el titular de una concesión acuícola otorgada el 30 de septiembre de 1999 por la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, además recibió una prórroga para reanudar las actividades de la concesión hasta el 31 de agosto del año 2021, algo que, según la resolución judicial, la empresa cumplió.
Pese a esta decisión, los vecinos y vecinas de Puyuhuapi anunciaron que continuarán por la vía judicial intentando evitar la instalación de esta salmonera.
"No sólo es una lucha por defender nuestra fuente de ingresos que depende del turismo de naturaleza, por lo tanto de una naturaleza prístina, sino que esto va más allá y es una cosa de principios", indicó Luisa Ludwig, historiadora local de Puyuhuapi y miembro del movimiento Puyuhuapi sin salmoneras.
En esta línea, cuestionó "la arrogancia y el voluntarismo con que esta empresa Salmones de Chile quiere hacer valer sus derechos, que según la ley les corresponde porque nuestras leyes son así... Pero la madre tierra no perdona".
Los habitantes del sector detallan, entre sus principales argumentos, que la instalación de las balsas jaulas atentan contra la decisión de la comunidad de tener el uso de la bahía de Puyuhuapi como principal vía de desarrollo.
Ante esto, la concejal de la comuna Almendra Silva señaló que "estamos construyendo un nuevo país, donde la naturaleza también tiene derechos. La relación que ha desarrollado el hombre con el planeta nos ha llevado al límite y el cambio climático está acá, el planeta nos exige acciones rápidas, por lo que vamos a seguir luchando por algo justo".
La organización Puyuhuapi Sin Salmoneras se encuentra evaluando acciones judiciales que permitan revertir la decisión del tribunal de alzada de Coyhaique.
Mientras que la organización ambientalista Greenpeace Chile presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental en contra de la empresa, acusando que realiza actividades de operación de un centro de cultivo acuícola sin tener Resolución de Calificación Ambiental.
