Acusado confesó su participación en los hechos ocurridos en diciembre de 2019.
Ministerio Público y querellantes buscan demostrar que formalizado “actuó de manera dolosa”.
Manifestaciones se originaron por anuncio de alza en tarifa del peaje.
Este viernes se desarrollaron los alegatos de apertura, más la lectura de la acusación de la Fiscalía de Ovalle, en el marco del juicio oral contra el imputado por los delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado e incendio ocurridos el 17 de diciembre de 2019 en el peaje de Ovalle.
Durante esa jornada, en medio de manifestaciones producto al alza de las tarifas del peaje Aguas Buenas, terminaron incendiadas y destruidas en forma parcial instalaciones de la plaza de cobro ubicada en la ruta 43, que une las provincias de Elqui y Limarí.
En el alegato de apertura, el fiscal de análisis criminal y focos investigativos de Ovalle, Jaime Rojas, dijo que "no pretendemos criminalizar la legítima protesta social ni reivindicación de derechos bajo ninguna perspectiva. Lo que se pretende es la aplicación de una norma vigente y sancionar la afectación ilegítima del derecho de la población de circular libremente así como la afectación de la legítima expectativa de ciudadanos de este país en que terceros no quemarán su fuente de trabajo".
Nicolás Muñoz, abogado querellante de la Concesionaria Ruta Limarí S.A., señaló que "los hechos que nos convocan no son los de una protesta ni tampoco de la generación espontánea de hechos de violencia en el contexto de una protesta; se refieren a hechos de carácter vandálicos de la mayor gravedad que fueron previamente organizados y concertadamente ejecutados por el acusado y otros imputados que al día de hoy no han podido ser formalizados en esta investigación".
Robin Valenzuela, defensor del imputado, indicó que los hechos por lo que se acusa al hombre identificado con las iniciales M.A.T. fueron reconocidos en declaración en el proceso de investigación realizada en julio del año 2020, por lo que buscará una pena ajustada a derecho.
"Aportó una serie de antecedentes que han sido de utilidad sustancial para el esclarecimiento de lo hechos, lo que será ratificado por este tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, la defensa instará por una correcta calificación jurídica de los hechos efectivamente probados", finalizó Valenzuela.
El juicio se reiniciará este lunes 29 de marzo y se proyecta que tenga una duración de 10 días.
