Al menos seis servicios públicos han hecho llegar al Comité de Ministros sus informes negativos en cuanto a los impactos del proyecto minero-portuario Dominga, que deberán ser analizados por dicha instancia antes de votar su futuro en una fecha a definir.
Por el momento, Medio Ambiente, Salud, la Subsecretaría de Pesca, la Conaf, la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero mostraron reparos en sus respectivos documentos ante la iniciativa que Andes Iron busca desplegar en La Higuera.
"No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios, que son competentes por el conocimiento que tienen sobre la zona, haya -nuevamente- expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el Archipiélago de Humboldt", planteó la directora ejecutiva de la fundación Oceana, Liesbeth van der Meer,
A su vez, Antonia Barrios, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que "si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos y vecinas, este proyecto ya estaría terminado".
"Las deficiencias son graves: dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto de esta envergadura", aseveró.
En la misma línea, el secretario de la Asociación de Pescadores de La Higuera, Gabriel Molina, sostuvo que "siendo una de las zonas más ricas en productos pesqueros de Chile, produciendo 60% de toda la pesca del norte, y así produciendo 30% de todos los productos (con) nutrientes marinos en nuestro país, no sólo se pone en riesgo la flora y la fauna, sino que también la alimentación de nuestro país".
"Han sido años en que hemos visto como esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y sus ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas, este proyecto se rechace de manera definitiva", complementó la presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Tamara Gaymer.
Anteriormente, la iniciativa fue rechazada en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros, pero la empresa decidió judicializar el caso, y luego de que éste pasara por el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, ésta última derivó la decisión de vuelta al Comité de Ministros.
