La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, expresó que el Acuerdo de Escazú "es una herramienta para disminuir conflictividad socioambientales en nuestro país, dando una buena parte de estas discusiones antes que se judicialicen" que es lo que ocurrió, ejemplificó, con el proyecto minero Dominga, que esta semana la Corte Suprema rechazó los recursos en su contra.
El máximo tribunal decidió rechazar los recursos de protección de casación interpuestos por organizaciones medioambientales, que buscaban frenar el avance del proyecto minero Dominga, propiedad de la empresa Andes Iron, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. La instancia ratificó el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, de abril de 2021, que estableció que la compañía cumplió de forma correcta la presentación de documentos y antecedentes para avanzar en la tramitación ambiental.
Tras eso, en agosto de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo revisó el proyecto por segunda vez y lo aprobó. Luego de ese paso, la palabra la tendrá el Comité de Ministros, cuya instancia participará Maisa Rojas.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la titular de Medio Ambiente recalcó que en la previa no se puede pronunciar sobre este caso, porque "cualquier cosa que yo diga ahora me tendría que inhabilitar en ese espacio" y, aunque anteriormente a ser secretaria de Estado se mostró contraria a esta iniciativa, aseguró que no vale su inhabilidad en la actualidad.
"Este proyecto es bien complejo porque lleva muchísimos años y, por lo tanto, ha pasado por toda la institucionalidad ambiental, donde hubo participación ciudadana, se evaluaron todas las partes técnicas", sostuvo.
La ministra fue consultada sobre si esto se hubiese dado en el marco de la existencia del Acuerdo de Escazú, el cual fue aprobado el pasado 11 de mayo por la Cámara Baja, pasando al Senado para discutir su aprobación definitiva, y dijo que este es "un tratado internacional que garantiza el pleno y efectivo derecho de acceso, que son información, transparencia y participación, nosotros pensamos que justamente es una herramienta para disminuir conflictividad socioambientales en nuestro país, dando una buena parte de estas discusiones antes que se judicialicen, que es lo que ha ocurrido acá, asi que este es exactamente un ejemplo", en referencia a Dominga.
Agregando que "nosotros pensamos que dando una participación temprana, significativa, con buena acceso, nos permite tomar mejores decisiones ambientales y no tener que llegar a la justicia y a un Comité de Ministros, como es el caso que estamos viendo ahora", emplazando, en esta línea, a la aprobación del proyecto de ley que busca la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que "se va a preocupar de nuestras áreas protegidas, donde protegemos la biodiversidad" y que también "tiene instrumentos para fuera de las áreas protegidas, es decir, nosotros tenemos que preocuparnos de esto".
EXPECTACIÓN EN LA HIGUERA
A la espera de lo que resuelva el Comité de Ministros, Óscar Avilés, presidente de los Pescadores de Punta de Choros, sostuvo que "estamos confiados de que lo que se propuso y se escribió en campaña, el compromiso que se nos hizo sin presionar a nadie, se cumpla; simplemente eso".
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Comunal de La Higuera, Sergio Álvarez, aseguró que "siempre hemos deseado el bienestar de la comuna, y este proyecto va a traer eso: va a aportar al desarrollo estancado por tantos años acá, entonces ¿cómo no vamos a estar entusiasmados?".
Mientras que el senador de la zona Matías Walker (DC) planteó que si bien en la consulta de marzo pasado respecto a la ejecución del proyecto "participaron más electores que en la que se hizo por el proceso constituyente, perfectamente se podría llevar a cabo una nueva consulta, en coordinación del Ministerio del Medio Ambiente y la Municipalidad de La Higuera, en que se pueda convocar a la participación ciudadana con más tiempo".
