El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, evitó este miércoles declarar como "desarticulada" a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) tras la condena de 23 años de cárcel a su líder, Héctor Llaitul.
Consultado en El Diario de Cooperativa si la organización mapuche -la primera que comenzó a usar la violencia en la reivindicación de tierras en la zona sur de Chile a fines de los años 90- está desarticulada, el persecutor dijo: "No me atrevería a utilizar esa expresión: desarticulación de la CAM".
Garrido recordó que "la CAM es una organización que ya tiene muchos años operando, que ha tenido diferentes integrantes, que ha ido mutando también en sus formas de planteamiento, inicialmente con una cuestión mucho más política y luego involucrándose en acciones de carácter criminal directamente. Sus integrantes también, en ese mismo sentido, han aumentado la violencia de sus acciones con el tiempo".
"Yo creo que hoy día, en realidad, nuestro desafío es estar muy atentos a cómo se va a rearticular toda esta organización, qué es lo que va a afectar también a otros grupos", afirmó el fiscal, antes de añadir que "las personas que pertenecen a estas agrupaciones tampoco tienen una fidelidad o una exclusividad con estas organizaciones: a veces participan también de otras, a veces se enfrentan entre ellos con lógicas que son hoy día muy similares a las que tiene cualquier organización criminal que opera en el territorio nacional; por lo tanto, creo que hay que estar atentos a eso".
Requerido por la situación judicial de otros integrantes de la CAM, el persecutor indicó que "esta investigación nos permitió obtener una serie de antecedentes que pueden servir para otras investigaciones. Nosotros tenemos un trabajo coordinado dentro del Ministerio Público, intercambiamos esta información, hay investigaciones en otras regiones también que van avanzando: no solo en La Araucanía hay personas vinculadas a la CAM que están privadas de libertad imputadas por delitos, esperando juicio, sino que también en otras regiones del país. Se ha registrado también una disminución de los hechos que son atribuidos por esta orgánica, y yo creo que eso es también todo producto del trabajo que se realiza de manera muy coordinada y sistemática".
Héctor Llaitul fue sentenciado ayer a 23 años de prisión efectiva tras ser condenado como autor de delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad.
A la pena le serán descontados los días que permaneció en prisión preventiva desde agosto de 2022. Llaitul deberá comenzar a cumplirla a partir de este miércoles en la cárcel El Manzano de Concepción; no obstante, su defensa anunció que recurrirá de nulidad.
Respecto a esto último, el fiscal de La Araucanía planteó en Cooperativa: "El ejercicio de los derechos de la defensa es parte del proceso, de tal manera que cuáles sean los argumentos que utilicen y cuáles sean los recursos que ellos estimen necesario ejercer es parte de su decisión, es parte también de todos los procesos que llevamos adelante y no me parece que sea algo llamativo; me parece que es parte de esa función y nosotros, en ese sentido, estamos muy confiados en el trabajo que hemos realizado: un trabajo profesional y objetivo, que implicó una gran cantidad de esfuerzo en términos de investigación".
"Las etapas posteriores que vienen las enfrentaremos con este mismo sentido de responsabilidad y de profesionalismo, abocándonos a lo que a nosotros nos corresponde: la persecución de las personas que cometen delitos", enfatizó.
PRUEBAS CONTRA LLAITUL "NO DEPENDEN DE SOLAMENTE SUS DICHOS O IDEAS"
En línea con lo anterior, Garrido subrayó en Cooperativa que las pruebas que se obtuvieron durante la investigación, para lograr la condena, no solo fueron de carácter testimonial: "Atribuimos responsabilidad por acciones que son muy concretas y no dependen de solamente sus dichos o las ideas que una persona pretenda sostener".
"Lo que nosotros acreditamos en el juicio", destacó, "es que el acusado, en concreto, luego de realizar llamamientos a levantarse en armas contra el Estado y atacar directamente a la industria forestal y las personas que participan en ellas, lo que hace es concretar esta decisión a través de una serie de acciones como, por ejemplo, conseguir armamentos, municiones, realizar difusión de esas mismas acciones, controlar esta información que se estaba entregando, controlar la distribución del armamento entre quienes efectivamente participaban. Dimos cuenta como después se le reportaban los resultados de esa misma actuaciones y fuimos dejando en evidencia cuál era su motivación".
"Cuando comienza este juicio, el imputado declara, sostiene, este mismo discurso, que es el que ha utilizado permanentemente, de que en realidad él no participa de nada que tenga que ver con las acciones, sino que solo representa a un grupo indeterminado de personas que le dicen a él que tiene que decir estas mismas situaciones, y nosotros demostramos que eso no era efectivo, que en realidad era él el que lo decidía con una frase, que es muy llamativa: aquí no se distribuye ningún arma sin que yo lo sepa, yo soy el que tiene el control del armamento y, si los que quieren participar en determinadas acciones tienen algún interés en sustracción de madera y quieren mi protección, bueno, tienen que hacerme partícipe también del negocio", relató el persecutor.
"Esto es lo que fue se fue demostrando en el juicio y, respecto de esta prueba, no hay ningún argumento de la defensa que la haya controvertido; por lo tanto, me parece que está en la línea que es coherente con su planteamiento en el sentido de victimizarse, eludiendo su responsabilidad, poniendo al frente al pueblo mapuche como si él fuera el único representante de ese pueblo-nación", agregó.
CRIMEN EN CAÑETE: PLANIFICADO PARA ENVIAR UN MENSAJE
Por otro lado, el fiscal regional comentó los peritajes que dirige para encontrar a los responsables del crimen de los tres carabineros ocurrido en la madrugada del sábado 27 de abril en Cañete, en la provincia de Arauco, Región del Biobío.
"No hay personas identificadas y, si no hay personas identificadas, tampoco se puede hacer una estimación de cuándo podrían producirse detenciones", sostuvo.
No obstante, afirmó: "En estos momentos podemos sí dar cuenta de que se trata de una situación planificada", lo que "se puede deducir de la existencia de más de un lugar de interés: un lugar donde habrían ocurrido los hechos y otro lugar donde fueron trasladados los cuerpos sin vida de los funcionarios de Carabineros".
"La rapidez -esto tiene que haber ocurrido en el lapso de una hora aproximadamente- demuestra también de que no solo existe esa preparación sino que también una cantidad de personas suficiente como para llevarla a cabo. El día en que ocurre (N. de la R.: las primeras horas del Día del Carabinero) no me parece hasta ahora de que sea una una coincidencia y claramente exponer los cuerpos de los carabineros e incendiar el vehículo en un lugar que podríamos decir más público o de mayores posibilidades de ser encontrado por algunas personas, demostraba que se quería enviar un mensaje", expuso.
Garrido aseguró que este escenario descrito "demuestra también que es una investigación que no va a ser fácil, porque fueron personas que se prepararon para cometer este hecho y, entonces, eventualmente ocultaron sus huellas o prepararon caminos de huida, de ocultamiento, que que dificultaran las pesquisas".
Sin embargo, enfatizó que "siempre, en cualquier investigación, uno se va a encontrar con dificultades. No hay investigaciones fáciles y por eso es que hay que ir graduando también no solo las expectativas sino que poner mucho esfuerzo en poder esclarecer prontamente este hecho".
PARLAMENTARIOS PIDEN NUEVAS MEDIDAS TRAS CONDENA DE LLAITUL
Parlamentarios de la macrozona sur han reaccionado a las declaraciones del fiscal Garrido y solicitan nuevas medidas ante una posible reestructuración de la CAM.
La diputada por el Biobío, Karen Medina (PDG), sostuvo que "si Fiscalía ya prevé lo que va a pasar con el líder de la CAM, que desde la interna de la cárcel puede seguir articulando el crimen organizado, hay que tomar las medidas necesarias, hay que sacarlo del territorio de la macrozona sur, derivarlo a alguna cárcel del norte".
En caso contrario, la parlamentaria del PDG planteó "crear una cárcel de alto estándar en alguna isla y llevar a todos estos criminales, tanto de la macrozona sur, del terrorismo, como del crimen organizado que ha llegado a nuestro país. Aislarlos y dejarlos desconectados de la sociedad de nuestro país y que allí paguen su condena y sus penas a cabalidad".
En tanto, el diputado por La Araucanía, Stephan Schubert (ind-republicanos), sostuvo que "los dichos del fiscal regional de La Araucanía respecto a que un condenado podría seguir operando desde la cárcel a bandas de grupos terroristas o de crimen organizado claramente es preocupante y refleja que la realidad carcelaria de nuestro país no está preparada para la realidad delictual que tenemos hoy".
"Por esta razón, el Partido Republicano va a ser un planteamiento de una nueva política carcelaria, la que va a incorporar la construcción de nuevas cárceles y también la transformación de otras cárceles para permitir la correcta segregación de los internos y también tener cárceles de máxima seguridad para permitir el aislamiento de varios de ellos según su peligrosidad", agregó el legislador.
"Esto es indispensable para la realidad delictual que tenemos hoy día, donde claramente el sistema carcelario seguro, (según) reconoce el propio fiscal regional de La Araucanía, no está preparado", sentenció Schubert.
