La Fiscalía de La Araucanía reabrió la investigación por el crimen de la psicóloga estadounidense Erica Hagan, asesinada brutalmente en un departamento del Colegio Bautista de Temuco, el 5 de septiembre del 2014.
En esta oportunidad, se encomendó "a un equipo de fiscales especializados en delitos violentos y violencia de género la realización de las diligencias".
El crimen de la joven de 22 años, quien había llegado desde el Condado de Kentucky, ocurrió en un departamento del establecimiento que ocupaba mientras realizaba una pasantía en la capital regional.
En este caso, el conserge del colegio Domingo Cofré fue llevado a juicio por la Fiscalía como autor del crimen, pero el tribunal desestimó la prueba y lo absolvió de las acusaciones.
Para la reapertura de la indagatoria, se "consideró especialmente la solicitud realizada por la madre de la víctima, la cual fue reiterada el jueves pasado a través de un escrito presentado por su abogado, en la cual se solicita la reapertura de la investigación y la realización de todas aquellas diligencias en base al análisis de los antecedentes ya existentes en la carpeta de investigación", según expresó la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín.
Indicó que, "para la Fiscalía, la existencia de una línea que no fue lo suficientemente abordada, conforme lo plantea la solicitante, amerita que se desarrollen acciones tendientes asegurar el respeto de los derechos fundamentales de la víctima, particularmente el acceso efectivo a la justicia".
Además, San Martín señaló que "se consideró especialmente" la opinión de la madre de Erica Hagan "en orden a cuestionar la calidad de víctima de la Fundación Educacional Bautista (del recinto de Temuco)", por lo que el Ministerio Público interpuso este viernes un recurso de reposición para impugnar la admisibilidad de la querella que presentó esta entidad porque "ésta no detenta la calidad de víctima en los hechos investigados".
En marzo pasado, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que condenó al fisco por negligencias en la investigación del homicidio de la joven estadounidense, ordenando el pago de una indemnización de 200 millones de pesos a la familia de la víctima debido a los errores en las indagatorias de tanto la PDI como del Ministerio Público.
